Pueblos originarios: valoran una experiencia de integración con la Justicia

En la actualidad, los pueblos originarios de Chaco cuentan con más de 90 peritos traductores e intérpretes de lenguas indígenas qom, wichí y moqoit que trabajan como auxiliares de la justicia provincial y agentes externos para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas. Dicha integración, apunta una traductora moqoit, “ayuda mucho a que nuestra gente pueda interiorizarse sobre los derechos que las amparan, porque muchos no son hablantes de castellano”. De estos 90 especialistas, 16 son empleados permanentes del Poder Judicial provincial.

El 14 de julio del año 2010 la Cámara de Diputados de Chaco sancionó la ley que declaró como lenguas oficiales de la provincia a los idiomas de los pueblos preexistentes qom, wichí o moqoit, lo que influyó en el reconocimiento de intérpretes indígenas para garantizar el acceso a la justicia a los integrantes de estos pueblos. En diciembre de ese mismo año la Legislatura aprobó la creación del cargo de Traductor o Intérprete Aborigen en el ámbito del Poder Judicial tras una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU ante la denuncia contra el Estado por el caso LNP, las siglas de una joven indígena de 15 años violada por tres “criollos” en el año 2003.

La joven indígena fue víctima de violencia física, psicológica y moral por parte de funcionarios policiales, agentes judiciales y del sistema de salud, desde la denuncia, antes y durante el proceso, aspectos que también configuran violaciones a los Derechos Humanos. “La víctima no contó con asesoría jurídica; el juicio fue llevado en español, sin intérpretes, lo que dificultó la comunicación de la víctima y los testigos; en definitiva, se le vulneraron todos los derechos constitucionales a la joven”, indicó Elizabet González, la mujer qom que está a cargo de la Coordinadora Integral de las Actividades Judiciales con los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la justicia de las personas integrantes de las naciones originarias.

En el 2007 el caso LNP fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, con el apoyo de Unifem Cono Sur, denunciando violaciones a diversos artículos del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Al año siguiente, Argentina reconoció la responsabilidad del Estado en el caso a través de un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.