Soberanía, intereses y una prórroga en el centro de la escena

Recientemente fue prorrogada por 90 días la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay (la misma vencía el 30 de abril), la principal vía de entrada y salida del comercio exterior de nuestro país.

“Básicamente es la crónica de un final anunciado. Lo que es sorprendente es que se haya llegado con este nivel de improvisación y de que no sea otra la solución que seguir prorrogando. Me da la impresión que está denotando una temática o que el gobierno omitió absolutamente o se olvidó”, le dijo a diario Hoy Horacio Tettamanti, ingeniero naval, subsecretario de puertos y vías navegables durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La resolución de extender por tres meses fue firmada por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que quedó a cargo del Ministerio de Transporte a los pocos días que Mario Meoni perdiera la vida en un accidente de tránsito.

“Se decide adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la continuidad de la navegación de la vía navegable troncal hasta que los adjudicatarios del nuevo llamado a licitación asuman la operación de tales servicios”, destaca la resolución.

“De no haber aparecido ese decreto del ministro Katopodis esto hubiera sido un hecho muy positivo. Argentina podría haber restituido todos los bienes empleados: las gradas, algunas que son del Estado nacional, haber recuperado la operación de los ríos, la infraestructura de boyas y fundamentalmente haber recuperado la capacidad de facturar 500 millones de dólares por año”, apuntó Tettamanti.

Hidrovía SA, conformada por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa SA, de Gabriel Romero, continuará al frente de la “modernización, ampliación, señalización y tareas de dragado y redragado”. Quien abrió la puerta de esta historia fue el expresidente Carlos Menem, cuando en 1995, en la época de auge del liberalismo, privatizó la administración del mantenimiento de la red fluvial.

Cabe recordar que Romero fue el único empresario que admitió haber pagado coimas cuando se lo indagó en la causa de los cuadernos. La vicepresidenta Cristina Fernández debió ceder a una continuidad de quien la denunciara.

“El hecho de prorrogar a una empresa que ha confesado que ha obtenido ese contrato por metodologías ilícitas ha producido un daño moral. El Estado nacional convalida de alguna forma una situación ilegal como un contrato que por confesión de uno de sus directivos se logró a través del pago de una coima. Seguimos acumulando páginas negras de nuestra historia”, recalcó.

Consultado por el motivo por el cual se sigue en esta línea, el experto expresó lo siguiente: “Estamos hace 25 años atrapados en un modelo que nos tiene encerrados en un círculo vicioso y nos impide progresar. Se prorroga para sacarse el problema de encima. El problema está porque no se planificó absolutamente nada o la idea era no planificar”.

Para finalizar, el profesional confesó: “No es cierto que Argentina no está en condiciones de hacerse cargo de los dragados porque no tiene los equipos. Los equipos algunos están, otros no, pero los que somos ingenieros sabemos que si el equipo no está se compra, se alquila, se construye. Es un proyecto que no puede tardar más de cinco años. Nosotros lo dejamos establecido cuando terminamos el gobierno en el 2015, que ya estaba el expediente para la creación de la empresa nacional de dragados. Si no lo hubiese dinamitado Macri hoy esa discusión hubiera sido completamente innecesaria y la Argentina hubiera recuperado su capacidad soberana”.