Brasil: movilizan a las Fuerzas Armadas para expulsar a buscadores ilegales de oro

Las Fuerzas Armadas de Brasil se movilizarán en los próximos días para expulsar a los miles de buscadores ilegales de oro que invadieron la tierra indígena yanomami, en el norteño estado de Roraima, en la frontera con Venezuela. En este sentido, ayer se publicó en el ­boletín oficial un decreto que prevé medidas para atender la emergencia en salud de ese pueblo ­originario.

“La presencia del garimpo (extractivismo) ilegal es muy fuerte y será desmantelada; el decreto (firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva) permite que las Fuerzas Armadas tengan una presencia más amplia (en la región)”, explicó en una entrevista el ministro de Defensa, José Múcio.

Múcio detalló que cada fuerza tendrá un papel específico: el Ejército realizará el trabajo de campo, identificando y arrestando a los mineros ilegales, mientras que la Marina prestará apoyo desde los barcos, controlando el acceso por los ríos.

La Fuerza Aérea, por su parte, además de enviar donaciones de alimentos para los yanomamis, vigilará el espacio aéreo, que fue bloqueado para evitar que los garimpeiros se desplacen con ­avionetas.

“Cualquier vuelo sospechoso será obligado a desviarse de su ruta y a aterrizar en una pista para que sea identificado”, afirmó el ministro. También se creará entonces una Zona de Identificación de Defensa Aérea (ZIDA) sobre el espacio del territorio, medida que se mantendrá vigente mientras rija la emergencia de salud pública.

Desde hace meses, en la tierra indígena yanomami hay más de 20.000 garimpeiros que, en su búsqueda de oro, contaminan los ríos con mercurio e imposibilitan la pesca, principal fuente de alimento de los nativos.

Además, su expansión por el territorio indígena genera propagación de enfermedades y conflictos violentos con las aldeas locales, y los nativos se ven obligados a desplazarse constantemente. En los últimos días, el gobierno brasileño rescató a decenas de personas en situación de desnutrición extrema y la Fiscalía abrió una investigación para aclarar las responsabilidades del anterior gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) en la actual crisis humanitaria.