España planea crear un impuesto a las grandes fortunas

Así como ocurrió en la Argentina, el gobierno de España busca crear un impuesto a las grandes fortunas con el objetivo de poder recaudar dinero para ­financiar programas destinados a las clases sociales con mayores ­dificultades.

Según explicaron desde el gobierno de Pedro Sánchez, sería temporal y excepcional, además alcanzaría al 1% más rico de la población española.

“Nuestro interés es que podamos financiar ayudas que se dirigen a la clase media, la clase trabajadora de este país”, que son “los que proporcionalmente más contribuyen a financiar los servicios públicos”, explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la cadena de televisión La Sexta.

En ese orden, la funcionaria marcó que el gobierno “está trabajando” para poner en marcha un impuesto “de forma absolutamente excepcional”, siguiendo al ya anunciado para los grandes grupos energéticos y bancarios del país, para conseguir “una mayor aportación” de las grandes fortunas al presupuesto.

La funcionaria señaló que este impuesto debería entrar en vigor en 2023 por un período de dos años y afectar a una población que no supere el 1% de la ciudadanía, aunque no dijo qué forma adoptaría este gravamen excepcional, ni qué cantidad de ingresos pretende recaudar el Ejecutivo.

El clima político no ayuda demasiado para pensar en su aplicación, ya que se anunció en medio de una batalla entre el gobierno socialista y el Partido Popular de derecha conservadora, que ya anunció bajas de impuestos en varias de las regiones que gobierna.

Estas medidas fiscales que tomó la derecha y que afectan a los impuestos de la renta, pero también a los de patrimonio, fueron muy criticadas por la izquierda, que denuncia una política de “dumping fiscal” que pervierte el equilibrio entre territorios, en momentos en que España acumula numerosos gastos.

El dumping fiscal es la lucha entre las comunidades autónomas para conseguir las sedes sociales de las empresas gracias al margen que tienen para regular determinados impuestos. Por la inflación, España multiplicó las medidas para sostener el poder de compra de los hogares, como las subvenciones a los carburantes y parte de los abonos de transporte público o la suba de las pensiones.