La Corte de Guatemala ordenó que se garantice la toma de posesión de Arévalo

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó a las autoridades que garanticen la toma de posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo, y de la vicepresidenta, Karin Herrera, al acoger un recurso de amparo contra las maniobras de la Fiscalía contra el Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), destinadas a impedir que asuman el poder el 14 de enero.

La máxima instancia judicial del país decidió advertirle al Congreso que garantice la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme los derechos de oficialización y validación de resultados, según indicó en un comunicado, tras acoger el recurso presentado en octubre por un grupo de abogados y ciudadanos para despejar de obstáculos judiciales el ascenso de Arévalo al poder.

La resolución, dictada a un mes exacto del cambio de mando, también protege la toma de posesión de la vicepresidenta Herrera, de los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano electos en los comicios de este año.

“Este Tribunal (...), por las circunstancias acreditadas, y siendo el momento oportuno para salvaguardar el orden constitucional y el Estado Constitucional de Derecho en Guatemala, decidió otorgar el amparo definitivo”, expresó la Corte.

La Corte había dictado un amparo provisional en octubre, pero, este lunes, abogados y ciudadanos encabezados por el constitucionalista Edgar Ortiz pidieron una “debida ejecutoria” luego de que, el viernes, la Fiscalía presentara una investigación con supuestas anomalías en las elecciones por las que consideraba que estas eran “nulas”.

“Estas disposiciones se emiten bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, los responsables incurrirán en las responsabilidades civiles y penales correspondientes”, agregó la Corte.

Asimismo, instó al presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a “promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso”, mientras que también afirmó que es necesario que toda autoridad “actúe en cumplimiento de la última etapa del proceso electoral”.

Guatemala se vio sumergida en una grave crisis institucional después de que la Fiscalía señaló que las elecciones presidenciales que arrojaron como vencedor a Bernardo Arévalo eran “nulas”.