“A mí el gobierno de Vidal me secuestró”

Jorge Castillo, más conocido como “El Rey de La Salada”, nació en 1957. Su padre tuvo un almacén de ramos generales en Mendoza, para luego en 1970 cambiarlo junto a la casa de material por un terreno en La Salada, donde en ese momento no había nada.

El propietario de la feria Punta Mogote es además un militante radical desde siempre y su posición contraria a una alianza electoral con el PRO le valió el armado de una causa judicial de la mano de Elisa Carrió y del procurador Julio Conte Grand, justamente el hombre sindicado también en la causa por la mesa judicial bonaerense.

“En el 2015 yo milité para que el radicalismo fuera solo en las elecciones y en la Convención de Entre Ríos acompañé a Julio Cobos con ese planteo. Hasta las 11 de la mañana ganábamos la convención de ir solos, después apareció Suárez Lastra y entregaban contratos de 26.000 pesos para acompañar la postura de quedarse en Cambiemos. Prostitutos sobran, lo que faltan son inversionistas... Y ahí se fueron pa­sando todos cambiando de postura”, comenzó relatando Castillo a diario Hoy para comprender el porqué de lo que vendría luego.

En ese sentido, continuó con la explicación: “A partir de ahí hay una bronca porque gente de Carrió vino a hablar conmigo para que los apoyara, pero realmente yo creía que debíamos acompañar a alguien con gestión. Llenamos después el Luna Park y Carrió quedó con carita de pajarito mojado”.

El 17 de mayo de 2017, Carrió escribió una carta dirigida al procurador Julio Conte Grand en la que decía que Castillo lideraba una mafia con asiento en La Salada y protección de policías, la Justicia y la política. En medio de la disputa interna de Cambiemos, acusaba al ministro de Seguridad Cristian Ritondo, al titular de Justicia Gustavo Ferrari y a los jefes de Policía de Ingeniero Budge de no hacer nada. Por ello, el 2 de junio, la fiscalía general de Lomas de Zamora reactivó una causa de 2015, en la cual Castillo ya había declarado como testigo; ordenó escuchas y el 21 de junio lo detuvo.

“A mí, si venís a buscarme dentro de la ley y por un hecho real, me la aguanto, pero en este caso a mí me secuestraron, porque en el fondo todo esto tenía que ver con Ritondo, que tiempo antes quería quedarse con Urkupiña, Ocean y la calle, y de esta manera quedarse con la recaudación, que solo de esta última daba más o menos 3.600.000 dólares; yo lo denuncié y la Justicia Federal no hizo nada”, acusó el empresario.

En ese marco, Castillo agregó: “Yo fui secuestrado, no fui detenido, vinieron a matarme; no me mataron porque no fue fácil, no necesitaban ni romper mi casa para ingresar, soy una persona pública”.

El propietario de Punta Mogote se refería al allanamiento policial donde ingresaron uniformados rompiendo la propiedad mientras él dormía junto a su esposa. Al no haber habido advertencia alguna, Castillo sacó su pistola, la cual tenía registrada, y disparó mientras su mujer se comunicaba al 911. Cuando terminaron de ingresar y subir una escalera, vio que se trataba de uniformados. Lo acusaron entonces de inten­to de homicidio en allanamiento, pero el peritaje y el llamado a la línea de emergencia le dieron la razón.

Sebastián Scalera es fiscal adjunto de la fiscalía general de Lomas de Zamora y quedó a cargo de la causa después de que dos fiscales se negaran a detener a Castillo. Sin embargo, pasó 20 meses en Melchor Romero. Cuando iba a irse, el juez federal Federico Villena lo trasladó al penal de Ezeiza por otra causa de 2015. Quedó acusado de evasión, lavado, asociación ilícita y plagio de marcas. Salió en libertad bajo fianza un día después del cambio de gobierno. Tres de los cuatro cargos no quedan en pie. Aún discute la evasión impositiva, ahora en el juzgado federal de Luis Armella y con el impulso de la fiscal Cecilia Incardona.

“El fiscal, el acusador y el juez de Garantías nunca defendieron mis derechos constitucionales, la Constitución. El Código Procesal dice que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario; sin embargo, estuve detenido sin prisión preventiva, lo cual es ilegal”, apuntó.

El rol de la Justicia

“Conte Grand hace lo que le dicen, si era ministro de Vidal, ¿cómo puede ser procurador? El otro día lo vimos en una foto comiendo con Macri, nos toman el pelo, nos cargan. Todo va a parar a Comodoro PRO. Estos (por Cambiemos) no te matan, pero te ponen en remojo. Fabricaron la causa de Bebote Álvarez (líder de la barra de Independiente) para meterlo preso a Moyano; es evidente que cuando no le dan la detención a Pablo, lo suspenden, entonces qué fiscal o juez de Garantías no va a hacer lo que ellos dicen... y sigue todo igual”, aseguró.

Castillo planteó además que “Armella tendría que estar preso, está denunciado en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones”, debido a las irregularidades detectadas en las contrataciones de las obras de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, “y sin embargo siguen todos los mismos”.

“Hoy estoy procesado, y esperando el juicio en la Provincia, la Justicia Federal aceptó mis garantías para poder disponer de mis fondos porque no hay evasión impositiva. Tres de cuatro intentos ya fueron volteados en Casación, es todo una gran mentira. Si hasta el secretario del juez Armella mandó a pedirme 100.000 dólares para darme el dinero que tenía retenido por la venta de mis animales (de la hacienda que debió vender durante la pandemia), cuando ya la Justicia había aceptado mis avales, pero sin embargo todo volvió para atrás”, sentenció.

El imperio de La Salada

El predio está formado por tres puntos centrales: Urkupiña, Ocean y Punta Mogote. No son galpones, sino centros comerciales de una manzana con varios pisos y cientos de pequeños locales. Es el centro comercial a cielo abierto más grande de Sudamérica.

Estos predios están divididos en pasillos y stands. Distintos cálculos, dependiendo de la época, indican que cuenta con entre 7.000 y 30.000 puestos de venta.

Concurren desde 100.000 personas en un día malo hasta un millón diarias en su punto máximo, las fiestas de Navidad. Ha superado, incluso, la recaudación de los más grandes centros comerciales de Buenos Aires. Recibe, a través de ómnibus de larga distancia de doble piso, a compradores de toda la Argentina y países limítrofes.

Cada puesto paga una suerte de alquiler por día de feria: unos 10.000 pesos actuales. La administración de los centros comerciales y de las veredas corre por cuenta de los ­propietarios.

La calle, en cambio, comenzó a ser un problema: sin propietarios formales, la ocupación y la caja quedaron sujetas a la ley del más fuerte. Para 2016, la recaudación era de 3,6 millones de dólares billete al día, tal como lo señaló el propio Jorge Castillo ante este multimedio.