Advierten que la reforma laboral “legaliza el fraude”

Un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín advierte que la reforma laboral redefine el rol del Estado al dejar de ser garante de derechos para convertirse en financiador del costo empresario de despedir.

“La reforma parte de un diagnóstico falso: que el problema del empleo en la Argentina es el costo laboral y la supuesta rigidez de las normas protectorias”, explica el documento. Desde esa premisa, el proyecto oficialista propone una batería de medidas que, según el análisis, perforan pisos salariales, descentralizan la negociación colectiva, debilitan a los sindicatos, legalizan el fraude laboral y amplían de manera unilateral el poder de los empleadores sobre los tiempos y las condiciones de trabajo.

Uno de los núcleos más sensibles del proyecto es la descentralización de la negociación colectiva. Actualmente, los convenios colectivos fijan pisos mínimos que funcionan como una red de contención frente a la voracidad empresaria. La reforma busca romper esa lógica y permitir que, empresa por empresa, se establezcan salarios más bajos y peores condiciones laborales que las ya acordadas a nivel de actividad.

Por otra parte, la reforma también invierte uno de los principios básicos del derecho laboral: la presunción de existencia de una relación de trabajo. A partir del nuevo esquema, el uso del monotributo o los contratos de locación se considerarán relaciones civiles, incluso cuando en los hechos encubran vínculos laborales. “Es la legalización del fraude”, sentencia el CETyD. En el mismo sentido, se excluye explícitamente a los trabajadores de plataformas digitales de la Ley de Contrato de Trabajo.