Fuerte respaldo del Norte Grande a Batakis
Los mandatarios manifestaron su apoyo a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis.
Inició a partir de una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por presunto “lavado de activos” y “desvío de fondos”. El juez Agustín Crispo dijo que entre los “déficits” del requerimiento del fiscal hay una “falta de concatenación o itinerario lógico y/o elementos utilizados para la comprobación de los hechos atribuidos”.
06/07/2022 - 00:00hs
El titular del Juzgado de Garantías n° 6 de La Plata, Agustín Crispo, anuló el pedido de elevación a juicio de la causa que en la que se investigaba por supuestas irregularidades a Daniel Scioli durante su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires, tras una denuncia presentada por la exdiputada nacional Elisa Carrió.
En un fallo, el magistrado -que fue nombrado por la exgobernadora María Eugenia Vidal- rechazó la solicitud del fiscal Álvaro Garganta, quien había pedido la elevación a juicio oral para Scioli y sus exfuncionarios de su gobierno como Alberto Pérez, Alejandro Collia, Antonio La Scaleia, Eduardo Aparicio, Walter Carbone, Guillermo Scarcella y el empresario Estanislao Miller, entre otros.
La causa se inició en 2016 a partir de una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por presunto “lavado de activos” y “desvío de fondos” cometidos durante el mandato de Scioli.
En 2019, la jueza Marcela Garmendia fue apartada por el Tribunal de Casación por “sospecha de parcialidad”, tras lo cual se designó por sorteo a Crispo, magistrado designado a proposición de Cambiemos.
“De la lectura de las partes integrantes que componen el requerimiento fiscal de elevación a juicio, advierto déficits, que ineludiblemente acarrean dictar su nulidad”, indicó el magistrado en su resolución.
El funcionario judicial consideró, además, que “debe hacerse lugar a los múltiples planteos nulificantes” de las defensas, ya que se podría generar “un perjuicio concreto para alguna de las partes” y advirtió la posibilidad de “afectación de garantías de raigambre constitucional” como los derechos de defensa en juicio y principio de congruencia.
Luego, citó entre los “déficits” una “falta de concatenación o itinerario lógico y/o elementos utilizados para la comprobación de los hechos atribuidos -sin perjuicio de la profusa prueba enunciada-; esto es, que si se ha dicho quién, no se dijo el cómo; si se dijo el cómo, habría solo someras referencias de quién; y si se dijo quién y cómo, hay ausencia de una derivación lógica y razonada apoyada en elementos probatorios que habiliten su estudio”.
“De esta manera, la citación a juicio se torna conjetural, apartándose de la verdadera ocurrencia de hechos con relevancia jurídico penal comprobados con la probabilidad que exige esta etapa”, apuntó Crispo.
Analizó que “la pesquisa no ha respetado los parámetros de idoneidad que debe contener a los fines de explicar el caso, tornándose la misma en ineficaz” y, al referirse a la autoría responsable, el juez señaló que el fiscal “tampoco consigna de manera clara la prueba que la acreditaría”.
En el fallo, el magistrado finalmente hizo lugar al pedido de nulidad de la defensa particular de Matías Alcalde, Alejandro Federico Collia, Daniel Osvaldo Scioli, Gerardo Daniel Pérez, Antonio Atilio La Scaleia, Humberto Jorge Pumo, Nicolás Vitale, Daniel Osvaldo Burgos, María Soledad Cascallares, Sandra Victoria Sabbatini, María Celeste Celle, Diego Osvaldo Giovannetti, Patricia Viviana Nisenbaum y Gustavo Seva.
También, por Walter Edgardo Carbone, Mónica Cecilia Ripamonti, Daniel Robert, Eduardo Aparicio, Paula Kammerath, Gladys Pérez Ferrando, Carolina Valeria de Tommaso y Rodrigo Alfredo Dossetti y, en consecuencia, declaró “nulo el requerimiento de elevación a juicio”.
La acusación
La causa se había iniciado por una denuncia de Carrió por lavado de dinero, pero el fiscal luego decidió acusarlo de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.
Garganta acusó a Scioli de haber adjudicado de manera irregular nueve obras públicas para construir Unidades de Pronta Atención en la Provincia por $ 117 millones al empresario Miller, a cambio de “dádivas”.
El fiscal también acusó al exjefe de Gabinete, Alberto Pérez, y su segundo, Walter Carbone, de haber sustraído de las arcas del Estado provincial $ 10.720.347 en al menos 25 ocasiones; y también planteó supuestas irregularidades en el IOMA y en el Ministerio de Infraestructura.