El caso que mantiene en vilo el país

Asumió el nuevo juez de la causa Maldonado y se contactó con la familia

El magistrado Guillermo Lleral estará exclusivamente a cargo de la investigación por 60 días. Sergio, el hermano del joven desaparecido, consideró que se trata de “una buena señal” 

Tras irregularidades en la investigación y polémicas declaraciones, el juez Guido Otranto fue desplazado de la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. El magistrado Guillermo Lleral asumió ayer en su lugar, para dedicarse de manera exclusiva, por 60 días, a la pesquisa. 

Sergio Maldonado, hermano del joven de­saparecido, se mostró satisfecho al asegurar que el juez ya se comunicó con él y con el resto de la familia. “Ya tuve contacto con el juez. Llamó a mis padres primero, habló conmigo y con mi otro hermano. Me pareció un gesto muy humano, mis padres lo necesitaban, estaban con otro ánimo ayer (por el domingo). Me pareció una buena señal”, dijo Maldonado y agregó: “Le expresé que quedábamos a disposición, que no íbamos a ejercer ninguna presión, que trabajara tranquilo”.

Por otro lado, volvió a reiterar las críticas al accionar, los dichos y la investigación que llevó a cabo el magistrado Otranto. Al respecto, consideró que “todo se hizo mal y no sé cuál es la prioridad. Legalmente no puedo saber cuál es la estrategia o lo más importante. Todo debe ser revisado. Hay información, pero no se utilizó. Hay que agarrar y ver, por ejemplo, los mensajes de los gendarmes, o las escuchas”. 

“Yo creo que la verdad se tiene que saber. Hay elementos. No es que hay muchas opciones, hay una sola y una sola es la fuerza que intervino”, dijo el hermano del joven desaparecido, haciendo referencia al accionar de la Gendarmería nacional el pasado 1º de agosto, día en que fue visto por última vez Santiago. También indicó que “se sabe quiénes fueron y quiénes estuvieron involucrados. Para mí son más de cuatro. Esos son los que se lo llevaron, pero también estaban los otros mirando”, aunque consideró que hay más responsables que los que surgen del expediente. Maldonado pidió “dejar trabajar en paz” al juez Lleral y manifestó tener “toda la esperanza” en que se llegará a la verdad sobre lo que pasó con su hermano hace ya más de 50 días.

Por otro lado, Sergio se mostró conforme con la decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia de apartar a Otranto del caso. “Para no ser tan pesimistas digamos que estamos satisfechos, aunque no fue de la forma en que nosotros veníamos pidiendo. Se lo recusó por los dichos en un diario, cuando en realidad se tendría que haber hecho hincapié en su proceder y el historial de lo que pasó”, sostuvo 

Sergio. Otranto quedó expuesto cuando dijo que la única hipótesis era que Santiago se habría ahogado al intentar cruzar el río Chubut cuando era perseguido por personal de la fuerza armada. 

Más allá de la asunción del nuevo juez, la investigación sigue su curso: esta semana se espera el resultado de los análisis que se continúan haciendo sobre los 70 celulares secuestrados a los gendarmes que participaron del operativo en la comunidad mapuche de Pu Lof en Cushamen. Se espera que los peritajes puedan arrojar nuevas pistas que permitan dar con el paradero de Maldonado. De forma paralela a esto, la familia convocó a una nueva marcha que se realizará al cumplirse dos meses de la desaparición, el próximo 1º de octubre, en Plaza de Mayo.

La causa por encubrimiento sigue en Comodoro Py

El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, dictaminó ayer que debe continuar en los tribunales porteños de Comodoro Py la causa que investiga si el Gobierno nacional encubrió la desaparición de Santiago Maldonado.

Moldes sostuvo así la apelación que había presentado el fiscal Federico Delgado, luego de que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral se declarara incompetente para investigar la denuncia. El magistrado había considerado que la investigación debía ser enviada al Juzgado Federal de Esquel, en ese entonces a cargo del ahora desplazado Guido Otranto. Los denunciantes advirtieron que entre los principales funcionarios del Gobierno hubo un “pacto de silencio”, en busca de “deslindarse de toda responsabilidad, generando una campaña de desinformación”.