CABA deberá costear la impresión de las boletas de octubre

El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires resolvió ayer que el Estado porteño debe afrontar el costo de impresión de las boletas para las elecciones de jefe y vicejefe de Gobierno y diputados locales, convocadas para el 22 de octubre, así como, eventualmente, si hay balotaje, para el 19 de noviembre.

Fuentes judiciales dijeron que así lo decidió el tribunal porteño ante la acción de “amparo electoral” promovida por apoderados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FITU) de Capital Federal contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

Tras criticar la frustrada “boleta única electrónica” en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los demandantes acotaron que el GCBA decretó la utilización de boleta de papel para las elecciones generales, pero omitió garantizar la igualdad de condiciones para las agrupaciones participantes a través del pago de los costos de impresión de boletas.

La resolución, que fija un plazo de diez días para que se cumpla lo decidido, incluye una fórmula para calcular la cantidad de boletas y su costo, teniendo en cuenta los resultados de las últimas PASO.

Los apoderados del FITU sostuvieron que, de tal manera, las listas que no disponen de un acaudalado financiamiento privado corren el riesgo de imprimir menos boletas de las necesarias para el proceso electoral, lo que supone una discriminación inconstitucional que atenta contra el principio de equidad y el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.

“En el caso de que cada agrupación deba abonar sus boletas electorales, podría darse un escenario en el cual las (de) mayores recursos económicos impriman las boletas necesarias, mientras que aquellas con recursos escasos tengan dificultades para obtener la cantidad de boletas suficientes para la totalidad de los establecimientos de votación”, consignó la demanda.

Remarcaron, además, que la legislación nacional, “a fin de asegurar la igualdad de oportunidades de las agrupaciones” políticas, establece que “es el Estado quien debe cubrir los gastos de impresión de boletas para garantizar el eficaz ejercicio de la democracia durante el acto eleccionario”.