Causa Ciccone: buscan apartar juez que puso contra las cuerdas a Echegaray

Se trata del camarista Eduardo Farah, un magistrado que con sus fallos le ha causado varios dolores de cabeza al kirchnerismo

Luego del desplazamiento del juez Luis María Cabral,  el kirchnerismo ahora buscaría sacarse encima a otro magistrado que le viene dando dolores de cabeza. Nos referimos concretamente el camarista Eduardo Farah, que interviene en la causa Hotesur, un escándalo que tiene como uno de los principales implicados a Máximo Kirchner.

Esta semana es clave porque la intención del Poder Ejecutivo es acelerar los tiempos para cubrir con nombres propios todos los espacios posibles en la Justicia antes de que la presidenta Cristina Kirchner finalice su mandato, en diciembre próximo. Y el Frente para la Victoria tiene en su favor un dato que no es menor: hace diez días, aprobó en el Congreso un nuevo régimen para nombrar jueces subrogantes.

Desde 2008, Farah se desempeña como titular en la Sala II de la Cámara Federal, junto con Martín Irurzun y Horacio Cattani. Sin embargo, lo que le interesaría al Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de nombrar y remover jueces, sería la actuación de Farah en la Sala I, que ese juez integra en forma interina, junto con Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Los K quieren cobrarle a Farah algunas cuentas pendientes. Por ejemplo, en marzo fue el único de los tres magistrados de la sala que integra en la Cámara Federal que votó en favor de investigar la denuncia que había presentado el fallecido fiscal Alberto Nisman. Como se sabe, una denuncia que ni el juez Daniel Rafecas ni la Cámara Federal aceptaron reabrir.

Otro voto en minoría que irritó al kirchnerismo ocurrió en la causa por la compra fraudulenta de la ex Ciccone. Farah no solamente confirmó el procesamiento de Amado Boudou, sino que también ordenó que se profundice la investigación. Ello implica, según el camarista, que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sea citado a declaración indagatoria. Hasta el momento, el único funcionario del organismo recaudador procesado es Rafael Resnick Brenner, quien ocupaba un cargo menor al momento de estallar el escándalo: era jefe de gabinete de Echegaray. Es decir, era un funcionario de segunda línea que recibía y acataba órdenes.

En su fallo de minoría, el camarista explicó que "existen constancias en la causa que dan cuenta del conocimiento e intervención personal (por Echegaray) que tuvo respecto de la situación de la fallida Ciccone Calcográfica S.A.". Cabe recordar que la AFIP le otorgó a la ex Ciccone un escandaloso plan de pagos de 148 cuotas, con una irrisoria tasa de interés, para pagar la deuda impositiva que tenía con el organismo y así levantar la quiebra, requisito indispensable para que la compañía pudiera volver a ser contratada por el Estado. Es imposible que esta maniobra se haya podido instrumentar sin el consentimiento y la complicidad de Echegaray.

La postura de Farah coincide con la denuncia que viene realizando el presidente de la Cámara Pesquera de Mar del Plata, Daniel Tunoni, quien en los tribunales federales de esa ciudad declaró que Echegaray fue el primero en querer quedarse  con la ex Ciccone para sí controlar el millonario negocio de la impresión de papel moneda.

Según Tunoni, fue Fernando Aibal Villaverde, un estrecho colaborador de Echegaray  tanto en la AFIP como en la ONCCA, quien le contó los detalles del plan que orquestaron para quedarse con la compañía. Así buscaron birlarle el negocio a Amado Boudou que, como se sabe, para quedarse con la fábrica de papel moneda había conformado una misteriosa sociedad llamada The Old Fund que tenía como apoderado al monotributista Alejandro Vandenbroele, otro de los procesados en el affaire.

Según la denuncia del empresario pesquero, el grupo de Echegaray que quería quedarse con la maquinita de hacer billetes estaba formado, entre otros, por Sergio Vargas (funcionario de la AFIP y operador de Echegaray), Andrés Vázquez (ex titular de la regional sur de la AFIP), Resnick Brenner (ex jefe de asesores de Echegaray y actual responsable de la regional Salta de la AFIP), Emilio Roberto Eyras (fue segundo de Echegaray en la ONCCA y actualmente es Jefe Interino del Departamento Riesgos, Planificación y Control de la Subdirección General de Auditoría Interna de la AFIP), entre otros. “Eran los que buscaban la empresa y lo admitieron en una reunión que tuve con todos ellos en un hotel de la Capital Federal”, sostuvo Tunoni.

“No quedan dudas de que Ricardo Echegaray debe ser llamado a declarar en la causa Ciccone ya que hay indicios claros de que él junto a un grupo de amigos y colaboradores de la AFIP, fue el primero que se quiso quedar con la empresa que luego cayó en manos de allegados a Amado Boudou”, afirmó.

“Echegaray debería estar imputado en la causa por todas las cosas que tanto Carmelo Impari (un testigo) como yo hemos declarado ante la Justicia”, le dijo Tunoni a Hoy. Agregó: “En qué cabeza cabe que una persona que trabajó desde el Estado y desde su cargo en la AFIP para intentar levantarle el problema de la deuda a Ciccone no sea llamado a declarar en la causa”.

La matriz corrupta de la AFIP

En reiteradas ocasiones, en las páginas de nuestro diario, hemos denunciado la matriz de corrupción que existe en el seno del organismo recaudador que si bien es comandada por Ricardo Echegaray, también está integrada por otros funcionarios seriamente sospechados de corrupción. Tal es caso del titular de Aduana, Guillermo Michel, vinculado con abogados implicados en unos de los escándalos más importantes de narcotráfico como es la causa Carbón Blanco; y el  subdirector general de Sistemas y Telecomunicaciones, Guillermo Fabián Cabezas Fernández, un licenciado en informática oriundo de Berisso que conformó una empresa fantasma, en sociedad con el abogado Sergio Raúl Vargas, otro funcionario de la AFIP que es el operador judicial de Echegaray y está acusado de ser defensor de represores de la última dictadura.

A ellos se le suma otros colaboradores que estuvieron implicados en la estafa de la ex ONCCA, con sus subsidios millonarios: Emilio Roberto Eyras, Pablo Aguilera, Fernando Villaverde, Marcelo Utje, Christian Turba, Cristian Ingratta y Sergio Mancini, entre otros. Además, se encuentra el caso de Horacio Justo Curien, subdirector de Fiscalización de la AFIP, quien tiene a su cargo la tarea de controlar a los bancos y recibiría órdenes del titular del Banco Francés, Mario Vicens, quien fue presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina hasta el año 2011.

Como en la Argentina son muy pocos los jueces y fiscales que se animan a actuar de oficio en causas relacionadas con el poder político, todos estos personajes fueron denunciados, con distintas pruebas y documentación, por el diario Hoy en los tribunales federales de La Plata. La intención es que, de una vez por todas, se haga Justicia. Que así sea.