Coparticipación Federal de Recursos: un reclamo de larga data en la Provincia

Buenos Aires genera el 36% del PBI y recibe casi el 20% de la coparticipación. Pero esa diferencia se basa en el carácter solidario de un sistema que busca eliminar las diferencia entre las jurisdicciones.

La Provincia de Buenos Aires tiene un reclamo histórico al Gobierno de la Nación y es el de lo que le toca recibir por el sistema de coparticipación federal, ya que la diferencia entre lo que aporta y lo que recibe es considerable.

Con más de 300.000 kilómetros cuadrados de extensión, una población que supera holgadamente los 17.500.000 de bonaerenses y una aportación al PBI de más de un tercio del mismo, muchos de los recursos que en ella se generan se utilizan para sostener los gastos de otras provincias, ya que tal y como lo indicó el ministro del Interior nacional, Eduardo “Wado” De Pedro, la coparticipación “es un acuerdo solidario para potenciar o resolver los desequilibrios económicos que hay en el país. No es un método devolutivo, sino que es redistributivo, en función a la necesidad que hay en las provincias”.

En ese marco hay jurisdicciones como Jujuy (87%), Chaco (87%), Catamarca (90%), La Rioja (91%) y Formosa (93%) en donde los recursos girados por la Nación representan casi la totalidad de los recursos disponibles en su presupuesto, lo que marca la dependencia de estas sobre el sistema.

En el caso puntual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se produjo un desfasaje apenas a un mes de asumir la presidencia Mauricio Macri, cuando por decreto presidencial el porcentaje de la región gobernada por Horacio Rodríguez Larreta pasó de obtener 1,4% de los recursos coparticipables a llevarse el 3,75%

Comparativamente, CABA tiene un territorio 1.535 veces más chico que el de la Provincia y su población es apenas la octava parte de la que hay en territorio bonaerense. Teniendo en cuenta eso había una desproporción manifiesta entre lo que la Nación destinaba a cada habitante de la Ciudad y lo que por el mismo concepto asignaba a los bonaerenses.

En aquel momento, entre Mauricio Macri y María Eugenia Vidal hubo un acuerdo y la gobernadora realizó el “acting” de decirle a la población de la Provincia que iría a la Justicia para hacer el reclamo por los fondos, aunque lo que realmente se hizo fue darle más tiempo a Macri para disponer de lo que a los bonaerenses le correspondía y que su gobernadora decidió no defender.

En ese marco y con la asunción de la nueva administración en la Nación, Alberto Fernández decidió corregir en parte el favoritismo mostrado por su antecesor a la Capital Federal y redujo en un punto los recursos que recibía el reducto gobernado por Rodríguez Larreta, lo que llevó el conflicto a instancias judiciales, ya que la sintonía entre ambas administraciones no es la que reinaba en la gestión anterior.

Entre tanto, la provincia de Buenos Aires sigue con un balanceo desfavorable en este tipo de distribución, ya que en términos reales recibe por habitante fondos que son cinco veces y media menores que los que se destinan a provincias como Formosa o siete veces inferiores a los de un habitante de Tierra del Fuego. Lo que implica que, por una distribución solidaria, los bonaerenses se convierten en el sostén de los pobladores de otras provincias.

¿Qué es este sistema?

El régimen vigente fue establecido durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, en enero de 1988. En aquel momento se reglamentó de forma transitoria a través de la Ley 23.548, pero a falta de acuerdo de las provincias la norma todavía sigue en pie, a pesar de que la reforma constitucional de 1994 contemplaba una reglamentación definitiva.

La coparticipación consiste en que una porción de los fondos tributarios recaudados por Nación se redistribuyan entre las provincias en tiempo real, lo que en términos prácticos significa que, a medida que se recauda, el Gobierno de la Nación realiza transferencias automáticas a las jurisdicciones.

El objetivo es distribuir los ingresos tributarios entre las provincias dada la cesión de las potestades tributarias de estos distritos a la Nación, con el fin de evitar conflictos de doble imposición, por lo que en la práctica no todas las jurisdicciones giran lo mismo, ni reciben la misma proporción de lo que aportan a la economía.

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