Corrupción K: denuncian a la esposa de Máximo Kirchner

El Tribunal de Cuentas santacruceño acusó a Rocío García, actual ministra de Salud provincial, por irregularidades cometidas en el Hospital Peliche por más de 36 millones de pesos

Los presuntos negociados ocurridos durante la pasada década siguen causando dolores de cabeza a la familia Kirchner. Ayer, el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Santa Cruz denunció penalmente a la esposa de Máximo Kirchner y ministra de Salud de la provincia sureña, Rocío García, por supuestas irregularidades cometidas en la administración del hospital Fernando Peliche ubicado en la localidad de Río Gallegos.

El centro de atención sanitaria de la capital santacruceña sufrió el año pasado una serie de manejos turbios en los dineros públicos por más de 36 millones de pesos, lo que ha hecho que las autoridades pongan la lupa sobre la gestión que habría llevado adelante la nuera de Cristina Kirchner en estos hechos.

De acuerdo a lo especificado en el escrito presentado en Tribunales, en todo el embrollo habría jugado un papel clave la regional Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ya que la casa de estudios habría sido usada como pantalla para triangular fondos del Estado para contratar personal bajo la categoría de monotributistas sin ningún tipo de control y violando la ley de contrataciones laborales.

Para el HTC, García habría utilizado los servicios de la UTN por medio de un convenio de cooperación firmado entre ambas partes, que según lo descripto ante las autoridades judiciales, habría violado “el régimen de contrataciones y configuró un presunto desvío de poder al utilizar mecanismos de contratación y excepciones al mismo”.

Anomalías varias

La investigación del organismo público determinó además que con la triangulación de contratos se generó “una delegación formal de competencias del Ministerio de Salud y el renunciamiento a los mecanismos de control que le son propios”, incluido “el control de los servicios de salud en todos sus aspectos y del personal que prestaba servicios en el hospital”. De todos los contratos que se ejecutaban entre el ministerio y la UTN, la casa de estudios habría obtenido el 10% del monto total de los mismos.

Esta situación se suma a la que vive Rocío García en el juzgado de Julián Ercolini, donde se encuentra imputada por el delito de defraudación a la administración pública por el manejo de $223 millones del plan Argentina Sonríe, causa en la que se encuentra muy comprometida por los dichos de los testigos.

De esta manera, el férreo poder que supo detentar el kirchnerismo en Santa Cruz por más de 26 años comienza a quebrarse, sacudiendo hasta la médula lo más duro de su riñón político, tocando de cerca a la expresidenta y sus hijos con graves hechos de corrupción acaecidos en la última década.