Crece el escándalo por sobreprecios en Nucleoeléctrica

Las denuncias por presuntos sobreprecios en Nucleoeléctrica Argentina sumaron un nuevo capítulo y volvieron a golpear al Gobierno nacional, que enfrenta cuestionamientos por el manejo de fondos en empresas estatales. Desde la Asociación Trabajadores del Estado aseguran que se están reuniendo pruebas para ampliar las acusaciones y que los casos conocidos podrían ser apenas una parte de un esquema más amplio de irregularidades.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la magnitud de los montos involucrados y el silencio de las autoridades de la empresa alimentan las sospechas. Según planteó, las decisiones cuestionadas no sólo carecen de justificación económica, sino que también vulneran los procedimientos administrativos internos, lo que abre la puerta a posibles responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.

Compras infladas y licitaciones bajo la lupa

Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, una de las denuncias se vincula con la contratación de un servicio de limpieza en la central Atucha, que habría implicado un incremento cercano al 140% respecto del contrato anterior. Desde el gremio señalaron que no existieron ampliaciones de superficie ni cambios operativos que expliquen ese aumento, y remarcaron además irregularidades en el proceso de licitación.

ATE recordó que no es la primera vez que se detectan situaciones similares en organismos del Estado. El antecedente de PAMI, con recargos excesivos en insumos médicos, fue citado como un ejemplo de una práctica que se repite mientras el Gobierno pregona recortes y eficiencia.

Sospechas de vaciamiento y privatización

La segunda denuncia apunta a la compra de un software de gestión administrativa por un monto muy superior al valor de mercado. De acuerdo a lo expuesto, el sistema adquirido cumpliría funciones idénticas al actual, pero con un costo varias veces mayor, lo que refuerza las sospechas de desvío de recursos públicos.

Desde ATE advirtieron que estas decisiones no responden a una política de ahorro, sino a un modelo que debilita al Estado y afecta servicios esenciales. En ese marco, anticiparon que existen otras denuncias en preparación, mientras el Gobierno continúa sin ofrecer respuestas claras.