Cristina Fernández fue sobreseída en un tramo de la causa "cuadernos"

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a exfuncionarios de su gobierno y a un centenar de empresarios en una parte de la investigación por supuesta "cartelización" de la obra pública vial, abierta como derivación del llamado caso "cuadernos".

En una resolución de 98 carillas, el juez de primera instancia consideró que "no fue posible a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos" que se investigaron en esta parte del caso, vinculados a algunos supuestos pagos ilegales mencionados por el financista "arrepentido", Ernesto Clarens.

Ercolini sobreseyó en esta parte del caso a la Vicepresidenta, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obra Pública José López y a Clarens, además de un centenar de empresarios de la construcción, entre los cuales están Juan Chediak, Aldo Roggio, Eduardo Eurnekian, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Esta investigación se abrió como un derivado de la causa central por los cuadernos del remisero Oscar Centeno, que ya fue enviada a juicio y está en etapa de preparación ante el Tribunal Oral Federal 7. El TOF7 también prepara para el juicio la otra parte de la causa por "cartelización" de la obra pública en la que sí hay procesamientos confirmados.

"Llegado el momento de resolver en autos, y dado que se ha agotado la etapa investigativa, al menos con relación a los imputados en los hechos desarrollados en este acápite, ante la ausencia de medidas pendientes de producción; es que habré dictar el sobreseimiento", agregó Ercolini.

En el caso de los empresarios, fueron vinculados «sustancialmente» como "propietarios, autoridades o empleados de determinadas empresas cuyo único lazo con la causa, es su mención en algunos de los listados emitidos por los organismos oficiales (de la DNV o la Secretaría de Energía), mas las empresas no fueron mencionadas en listados, ni anexos; ni por testigos, ni arrepentidos", puntualizó.

Las nuevas pruebas incorporadas al caso al profundizarse la pesquisa por orden de la Cámara Federal porteña, que había dictado la falta de mérito, "no arrojaron luz respecto a la intervención de los nombrados en los acontecimientos mencionados". En la misma resolución, Ercolini procesó al imputado Gustavo Dalla Tea, de la empresa CPC, por presunto "cohecho activo".

La causa madre... de todas las mentiras

Hace menos de un mes, a partir de la revelación de los famosos cuadernos sobre los cuales se montó la ya famosa causa por supuesta corrupción contra Cristina Fernández y otros exfuncionarios de su gobierno, diario Hoy llamaba la atención sobre la función de ese expediente como ariete político de un sector (el macrismo) poco o nada interesado en la verdad y sí en provocar un daño a través de la acumulación de relatos de variable verosimilitud.

La noción de posverdad y una frase del jefe de campaña de Hitler, Joseph Goebbels (“una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”), apuntalaban la descripción de una maniobra que adaptaba la realidad a las circunstancias: había cuadernos; no había cuadernos porque se habían quemado; después habían aparecido intactos, pero el tribunal no brindaba acceso a ellos; y finalmente se supo que los supuestos originales habían sido objeto no de una ni de dos, sino de cientos de enmiendas y alteraciones, algunas de las cuales introducían nombres que nada tenían que ver con el supuesto texto de origen. Al cual, repetimos, los peritos no pudieron acceder, debiendo conformarse con estudiar copias digitales.

Fue el empresario Armando Loson quien, en una presentación ante la Justicia, logró ser excluido de las acusaciones al demostrar que su nombre había sido añadido a posteriori. Pero el peritaje que encargó tuvo consecuencias que lo exceden largamente: se demostró que una o varias manos intervinieron el texto con intenciones difíciles de justificar, en una operación que afecta a muchas más personas y compromete la integridad de toda la denuncia.

La causa contra la exjefa de Estado y actual vicepresidenta por supuesta “cartelización de la obra pública”, que se cayó al igual que otros expedientes en su contra, es uno de los tantos desprendimientos de esta causa madre, la de los supuestos “cuadernos de la corrupción”, que ya desde su origen resulta difícil tomar en serio.

Allá por marzo, el abogado José Manuel Ubeira, entrevistado por este diario, decía que ese expediente era el epítome del lawfare. Ayer se conoció otro signo de la precariedad sobre la que se sostienen las acusaciones formuladas.

El Parlasur, contra el lawfare

El lawfare o guerra judicial no es exclusivo de la Argentina. El mes pasado, y tras casi un año de análisis de esta problemática en nuestra región, el Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) aprobó una “declaración de interés” para recomendar a los cuerpos legislativos de los países que lo integran (Brasil, Uruguay, Paraguay y la Argentina) que se cree una ­instancia de revisión de las causas que se presumen “armadas” como método para ­perseguir a opositores y otros actores considerados indeseables.

Fue en la misma sesión en que el exoperador judicial macrista y miembro del Parlamento, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, se presentó en persona y debió retirarse entre abucheos, tal como lo informó oportunamente diario Hoy.

La declaración propone “la revisión en casos de aplicación del derecho penal en violación de garantías constitucionales, y en situación de riesgo de pérdida de la imparcialidad por razones políticas o ideológicas”. Y se trata del primer proyecto “anti-lawfare” en la región.

“El lawfare está escrito en los manuales de guerra. Es una combinación entre aparato ­judicial y la técnica de la guerra. Ha servido para imponer desde el Estado una política de aniquilamiento o de sometimiento de sectores de la oposición”, dijo en la ocasión el ­parlamentario argentino Gastón Harispe, del Frente de Todos.