“Dejen de mirar Netflix y agarren la Constitución”

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, volvió a arremeter ayer contra los fiscales de la causa “Vialidad”, en que se la acusa de haber liderado una asociación ilícita para defraudar al Estado cuando era presidenta, al día siguiente de su presentación en vivo, a través de YouTube, con una larga exposición en la que señaló las falencias de la imputación, bajo el título Derecho de defensa.

Esta vez, lo hizo a través de la red social Twitter, que ella utiliza con más habitualidad, y con una ironía dirigida no solo a los funcionarios judiciales (Diego Luciani y Sergio Mola), sino también al diario Clarín, que refrendó la afirmación de Luciani de que había “tres toneladas de pruebas” contra la vice.

“Clarín y los fiscales Luciani y Mola deben dejar de mirar Netflix. Agarren la Constitución, los libros de derecho administrativo y el Código Penal y Procesal, que no muerden”, chanceó la mandataria.

Debajo de sus palabras se puede ver un gráfico que yuxtapone una captura de pantalla de Clarín, cuyo título anuncia Vialidad: El fiscal inicia su alegato el lunes basado en tres toneladas de pruebas que complican a Cristina Kirchner, y, a su lado, el póster de la serie de Netflix 3 tonelada$: asalto al Banco Central.

Se trata de una producción que narra el caso real de un atraco en el mayor banco del Brasil por parte de un grupo de delincuentes, y cuyo título coincide con la cantidad de pruebas que, según el fiscal Luciani, habría en contra de Fernández en la causa por el supuesto direccionamiento irregular de contratos de obra pública hacia el empresario Lázaro Báez.

La placa elegida para el tuit de Cristina Fernández resultó ser, así, una especie de extensión de su exposición del día anterior, en la que había utilizado varias placas con gráficos y facsímiles de tapas de los diarios Clarín y La Nación, para demostrar que las pruebas en su contra no eran tales, sino una construcción de carácter político.

Una construcción que les sirvió a los fiscales para solicitar una pena de prisión de 12 años para Fernández y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, lo que el oficialismo considera lisa y llanamente una proscripción política.