Denuncian que la Policía Local recauda para Garro

Mientras el fiscal Marcelo Romero avanza con varios elementos en una causa contra un uniformado que pedía dinero a cambio de ofrecer vigilancia a un comerciante, el sindicato de la fuerza, Sipoba, recibe  en forma periódica datos sobre centenares de hechos similares. El secretario de Seguridad municipal, en la mira

Existe un dicho popular que indica que “para muestra alcanza con un botón”. Esa frase bien se podría aplicar en el marco de una importante investigación judicial. Es que en La Plata avanza un proceso penal que tiene como imputado a un oficial de la Policía Local, quien está acusado de exigir contribuciones de unos 2.000 pesos semanales a los comerciantes ubicados cerca de Plaza Italia.

El efectivo fue denunciado el 20 de mayo pasado por el encargado de un negocio ubicado en la avenida 44, en el tramo que va de 8 a 12, sector de influencia del procesado, identificado como Ariel Peña.

El denunciante, bajo reserva de identidad, aportó al fiscal Marcelo Romero, titular de la UFI número 6, el historial de intercambio de mensajes de WhatsApp, en el que quedó explicitado cómo el oficial, luego de mostrarse preocupado por la ola de inseguridad en la zona, terminó pidiendo 2.000 pesos semanales a cambio del servicio de seguridad por parte de uniformados de la Policía Local.

Peña, procesado por el delito de “exacciones ilegales”, por consejo de su abogado se negó a declarar ante Romero el 26 de mayo pasado. A pesar de su preferencia por el silencio, el fiscal avanza con la investigación.

Fuentes judiciales le indicaron a Hoy que esta semana Romero recibirá en su despacho a varios comerciantes de 44 entre 8 y 12 para que en audiencia puedan aportar más elementos a la pesquisa. Los mismos voceros indicaron que en breve será elevada a juicio la causa.

La dirección general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad también lleva adelante un sumario contra Peña y todo indica que sus días estarían contados en la fuerza.

Trascendió que el fiscal tiene la firme convicción de que procedimientos similares a los que habría cometido Peña son efectuados por varios oficiales de la Policía Local.

Catarata de quejas en el gremio policial

Esta sospecha ya es una certeza para el Sindicato de Policías de la Provincia (Sipoba). Uno de sus referentes, Luis Tonil, en diálogo con Hoy, dijo que en la sede del gremio reciben denuncias periódicas de efectivos de la fuerza local, quienes indican que les ordenan custodiar un comercio determinado en lugar de caminar y prevenir delitos en la zona.

Tonil explicó que a los integrantes de la Policía Local les paga el sueldo el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero que dependen orgánicamente de la Secretaría de Seguridad del Municipio, cuyo titular es el excomisario Daniel Piqué.

Piqué fue comisario de la Primera y de la Distrital La Plata en su tiempo de actividad. Ahora, como retirado, maneja los hilos de la fuerza local en la ciudad. El subcomisario Sebastián Martínez Pass es el hombre que recibe los lineamientos de Piqué.

De acuerdo a las denuncias que recibe Sipoba, todo apunta a que los integrantes de la Policía Local ya no caminan por los centros comerciales. Ahora los ubican para vigilar o brindar seguridad a los comercios cuyos dueños pagan un canon a las autoridades de esa fuerza.

“Todo esa plata es sucia. A los uniformados les paga el Estado provincial, es decir, los bonaerenses, y Piqué recauda ese dinero sucio que abonan los comerciantes. Algo se quedaría él y otra parte elevaría al intendente”, indican desde Sipoba.

“Piqué aplica el mismo modelo que cuando era comisario de la Primera. Tiene un sistema de recaudación aceitado y prolijo”, agregaron desde el gremio.

Como la ola de inseguridad preocupa a los dueños y encargados de los negocios platenses, muchos prefieren pagar para garantizarse seguridad. Es difícil determinar cuánto se recauda de manera ilegal, pero se habla de cifras millonarias.

Temor a que “prenda el ventilador”

Ariel Peña es el integrante de la Policía Local denunciado por pedir coimas a comerciantes de la avenida 44 entre 8 y 12. De acuerdo al secretario de Seguridad del Municipio de La Plata, Daniel Piqué, el uniformado fue exonerado por la Dirección General de Asuntos Internos ya que no tiene un doble empleo. Sin embargo, varios efectivos de la fuerza comunal llamaron a la redacción de Hoy para denunciar que el presunto corrupto sigue cumpliendo funciones en otra área.

“Peña sigue trabajando y haciendo alarde de que es un protegido”, dijo una mujer policía a Hoy. Otro integrante de la fuerza local explicó que “dicen que es chofer de Piqué. Que lo mantienen con un puesto para que no prenda el ventilador y dé detalles de toda la corrupción policial”.

“Pedían coimas a cambio de seguridad personalizada”

Así denuncio a Hoy una comerciante que soportó aprietes por parte de efectivos de la fuerza comunal. Acusan desprotección policial que transforma a la ciudad en “tierra de nadie”

La Policía Local de La Plata está sumergida en un fuerte escándalo político por el supuesto cobro de coimas a comerciantes de la región para recibir protección por parte de la fuerza ante los crecientes y agobiantes hechos de inseguridad que se acumulan por decenas todas las jornadas (ver página 3).

Quienes conocen bien el accionar policial resaltan que esta es una treta bastante común dentro de las fuerzas de seguridad: liberan zonas para que los delincuentes generen y protagonicen asaltos, generando de esta manera una especie de psicosis y preo­cupación en la población, con el vil propósito de que los comerciantes terminen pagando a los titulares de las seccionales por servicios de seguridad personalizada.

En diálogo con Hoy, Belén, dueña de un pequeño comercio de nuestra ciudad, contó las peripecias que ha tenido que soportar  de parte del personal policial que exige sobornos a cambio de brindar cierta custodia y cuidado a sus locales.

“Efectivos de la Policía Local de civil vinieron a advertirme que estaban pidiendo coimas a cambio de seguridad para los comercios. Era una coima a cambio de seguridad personalizada, de eso se encargan los efectivos que salen a las calles”, declaró a nuestro medio la comerciante, quien salió de espaldas en la foto para resguardar su integridad física ante posibles represalias que pueda sufrir.

La titular de uno de los tantos negocios del microcentro platense, señaló: “Lo que es seguridad, acá en los comercios de la zona directamente no hay, estamos totalmente desprotegidos. Después de las seis de la tarde esto es tierra de nadie, donde te puede pasar cualquier cosa y nadie va a venir a rescatarte (sic)”.

Oscuro panorama el que se le presenta a los ciudadanos platenses en materia de seguridad, donde los policías se dedican al cobro de coimas para brindar protección y amparo a los vecinos, y han transformado las calles de la ciudad en terreno ganado por el crimen y la inseguridad. 

Viejos hábitos que se renuevan

Ni bien asumió el cargo el pasado 10 de diciembre, Julio Garro puso como secretario de Seguridad al comisario inspector retirado de la Policía Bonaerense, Daniel Omar Piqué.

Piqué, un hombre que ya venía con serias deficiencias en su accionar durante su paso por la Bonaerense, ha mantenido los viejos hábitos oscuros de antaño y, según se rumorea por los correderos, sería el responsable de dar la orden a los miembros de menor rango de la fuerza que conduce para que recauden para la corona ofreciendo a diferentes comerciantes una cierta protección de la Policía Local, a cambio del pago de dos mil pesos por semana.

Basta señalar que los negocios en la materia son crecientes. Por ejemplo, la seguridad en todos los ambientes públicos locales no es ejecutada por la Policía Local, sino que misteriosamente, al igual que sucedía en épocas de anteriores gobiernos municipales sigue siendo manejada por la misma empresa privada que tiene grandes contactos con Daniel Piqué, y su segundo en el cargo, Carlos Alberto Mariezcurrena.

La empresa mencionada se trata de Invise Seguridad Privada SA, y tiene como presidente a Marianela Llorens, y como directores suplentes a Ednio José Llorens y Eduardo Molinelli.

Esta empresa tiene encargada la seguridad de todo lo relacionado con la Municipalidad platense, entre ellos el Palacio Municipal, el Mercado Regional de Frutas y Verduras de La Plata, la República de los Niños, el Centro Cultural Islas Malvinas, el Corralón Municipal, la Unidad Ejecutora de 13 y 50, Grutas del Bosque, Control Urbano, Juzgado de Faltas, Campo de Deportes y el Parque Ecológico.

Quienes conocen la situación interna sostienen que Piqué y Mariezcurrena no podrían realizar todos los desaguisados que llevan adelante sin tener el aval y la venia de Garro.

Insólita satisfacción oficial con los efectivos comunales

A pesar de que el accionar de la Policía Local platense está en el centro de la discusión por la incapacidad mostrada para prevenir el delito en la ciudad, desde el Ejecutivo que comanda Julio Garro, han salido a defender con vigor a la fuerza comunal.

Daniel Piqué, secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, salió ayer insólitamente a expresar su “conformidad” con la tarea que vienen llevando adelante los efectivos locales, al sostener que “respecto a lo que encontramos, con la capacitación y habiendo multiplicado la operatividad de la Policía Local, está mucho mejor que al principio”.

En diálogo con la prensa reunida en la sede del Palacio comunal, Piqué destacó: “Estoy más conforme que al principio, no estoy satisfecho en cuanto a haber alcanzado un objetivo. Lo que uno trata de articular son mayores resortes para la prevención, y allí donde no pudo alcanzar la prevención (sic)”.

De esta manera, desde el Municipio se brinda legitimidad al actuar del personal poli-cial, mostrando una satisfacción por demás turbia y oscura, generando una fuerte desprotección e indefensión de la sociedad.

El mapa de la recaudación ilegal

Entre los negocios que deben “adornar” a la Policía Local para conseguir seguridad se encuentran ópticas, jugueterías, ferreterías, casas de electrodomésticos, estaciones de servicios, locales de motos e inmobiliarias, entre otros. Estos sufren el acoso sistemático de la fuerza local para intentar mantener en tranquilidad y paz sus emprendimientos comerciales.

Las zonas elegidas son principalmente las que rodean al microcentro de la ciudad, como la que va de calle 7 y 54 a 7 y 66; calle 44 entre 8 y 12, hasta calle 50; la zona que va de 7 hasta 12 y de 532 a 516; la zona de la estación de trenes de 44 y 1 hasta la zona del Ministerio de Seguridad localizada en 1 y 51; entre otras, en las que recaudan una suculenta bolsa de dinero semanal que se destina al negocio sucio de la corrupción.