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A días del inicio del período legislativo fuera de temporada, el Ejecutivo nacional ajustó la agenda parlamentaria para febrero, agregando un proyecto que modifica el régimen penal juvenil a los temas a tratar en el Congreso.
27/01/2026 - 00:00hs
El Ejecutivo nacional decidió ampliar la agenda de las sesiones extraordinarias convocadas para febrero, en un movimiento que reviste importancia política y legislativa. Originalmente, el temario oficial incluía cuatro iniciativas principales, entre ellas la Ley de Modernización Laboral y la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, pero tras una reunión de la mesa política se acordó incorporar la reforma del régimen penal juvenil.
El nuevo listado de temas que el Congreso debatirá entre el 2 y el 27 de febrero ahora contempla, además de la reforma laboral, la modificación de la normativa penal para jóvenes, una iniciativa impulsada por sectores del oficialismo que propone cambios en la edad de imputabilidad. La inclusión de este proyecto se da en medio de una estrategia del Gobierno para consolidar su agenda legislativa en un período con plazos ajustados.
La ampliación del temario se decidió en un encuentro realizado en la Casa Rosada, donde participaron funcionarios y legisladores afines al Ejecutivo, con el objetivo de afinar la hoja de ruta para las próximas semanas. En esa reunión se reafirmó la prioridad de avanzar con la reforma laboral (ver página 2), así como la ratificación de compromisos internacionales y cambios en normas ambientales y de presupuesto.
La inclusión de la Ley Penal Juvenil en la agenda de extraordinarias sumó un elemento de debate con potencial impacto político: el proyecto propone ajustes en la edad de imputabilidad, un tema que genera posiciones encontradas entre distintos sectores sociales y políticos. Aunque el texto aún debe ser oficializado mediante el decreto presidencial que amplía formalmente el temario, su presencia entre los asuntos a considerar introduce una nueva variable en el debate legislativo de febrero.
Este ajuste de la agenda pone en evidencia la voluntad del Ejecutivo de condicionar fuertemente el calendario de debates antes de la apertura formal de las sesiones ordinarias a partir de marzo, concentrando la actividad parlamentaria en torno a iniciativas que considera prioritarias para su plan de gestión.