El Gobierno busca intimidar para frenar el paro del 10 de abril
Con amenazas que van desde sanciones económicas hasta la caducidad de la personería gremial, la administración de Javier Milei intenta detener la medida de fuerza.
A medida que se acerca el paro general convocado por la CGT, el Gobierno intensifica su estrategia de intimidación contra los trabajadores y sindicatos. Con amenazas que van desde sanciones económicas hasta la caducidad de la personería gremial, la administración de Javier Milei intenta quebrar la huelga. La UTA, clave en la protesta, está en la mira: se busca garantizar el transporte con conciliaciones obligatorias y presiones directas.
La ofensiva oficial refleja un intento de desarticular la protesta y frenar el reclamo social. Mientras tanto, el sindicalismo enfrenta la amenaza de despidos y descuentos salariales, en un clima de creciente tensión. La estrategia gubernamental se apoya en la judicialización y el amedrentamiento para evitar una demostración de fuerza de los gremios.
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