Nación no se hará cargo de los sueldos en la ex-ESMA

Esta semana creció el temor a que el Gobierno nacional avance con más despidos en la Secretaría de Derechos Humanos y paralice las actividades de la ex-ESMA, ya que comunicó que no transferirá los fondos correspondientes al pago de sueldos, según informó la periodista Luciana Bertoia.

El predio de la ex-ESMA es administrado por un ente tripartito, compuesto por Nación, Ciudad de Buenos Aires y el Directorio de Organismos de Derechos Humanos, en el que trabajan 180 personas que no saben si cobrarán su sueldo.

Esto se debe a que el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, anunció una auditoría el miércoles pasado, dos días después de la marcha por el 24 de marzo. La misma habría comenzado este martes y abarcaría los ejercicios de 2023 y 2024. El problema no es la auditoría, sino que el Gobierno decidió suspender por 60 días la transferencia de fondos al ente.

Ante este contexto, los trabajadores pararon durante el fin de semana (solo mantuvieron guardias mínimas para garantizar que el espacio siga funcionando). Además, intentaron reunirse con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, pero él les dijo que no podría recibirlos.

Por otro lado, desde ATE enviaron una carta documento al ente para que informe la situación en la que se encuentra, en especial el cobro de los salarios. Si el Gobierno no da marcha atrás con el cese de la transferencia de fondo, todo indica que el tema terminará judicializándose.