El Gobierno comenzó el proceso de adecuación de las tarifas eléctricas

La medida, que se tomó hasta que se arribe a un "Acuerdo Definitivo de Renegociación", fue publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno dispuso dar inicio al procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas de distribución y transporte de energía eléctrica en todo el país, con el objetivo de establecer un "Régimen Tarifario de Transición".
 
La medida, que se tomó hasta tanto se arribe a un "Acuerdo Definitivo de Renegociación", se formalizó por medio de dos resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El ENRE garantizó que se facilitará la realización de diversas instancias de participación ciudadana, convocando a tal fin a las personas usuarias y a las asociaciones de defensa del consumidor, "a fin de ser informados de las distintas etapas del citado procedimiento, garantizando su publicidad y el derecho de acceso a la información". La decisión involucra a las empresas Edenor, Edesur, Transener, Transba, Transpa, Transco, Transnea, Transnoa, Distrocuyo y Epen.

El ente regulador recordó que por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 1.020 del 16 de diciembre de 2020, se determinó el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica que estén bajo jurisdicción federal.

Ese decreto encomendó al ENRE a realizar el proceso de renegociación de las revisiones tarifarias, considerándose necesaria la reestructuración tarifaria determinada en la Ley N° 27.541 de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva", sancionada a fines de 2019.

Esa ley faculta al Gobierno a dar inicio a una revisión de carácter extraordinario, "propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias".

El Gobierno aseguró que en las adecuaciones tarifarias transitorias "se deberá atender a garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios, como así también la implementación de los mecanismos de participación ciudadana correspondientes".

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