El Gobierno ordenó la intervención de Corredores Viales S.A.
Continuando con el desguace del Estado argentino, la administración de Javier Milei decretó la intervención de la empresa estatal.
En el día de ayer, el Gobierno nacional dispuso la intervención de Corredores Viales S.A, la empresa estatal encargada de la gestión de una parte clave de la red vial troncal del país. La medida fue formalizada en el Boletín Oficial a través del decreto 224. La decisión se da un mes después de que se autorizara el proceso de privatización de las rutas nacionales.
El decreto
“Resulta adecuada la adopción de medidas urgentes tendientes a llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación actual de la sociedad y promover las adecuaciones que permitan desarrollar el referido proceso de privatización sin comprometer las obligaciones contractuales asumidas por esa empresa”, indica el documento firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
De esta manera, se estableció que la empresa, que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, pasará a estar a cargo de la interventora de Anastasia María de los Ángeles Adem. La funcionaria tendrá las facultades que el estatuto le otorga al Directorio y a su presidente
La decisión del Gobierno
Es preciso mencionar que la intervención se produce luego de que el Ejecutivo autorizara, a través del Decreto 97/2025, el inicio del proceso de privatización total de la compañía.
En esa línea, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de “optimizar la gestión administrativa” de la empresa y “sostener su funcionamiento durante el período de transición”, asegurando que el proceso se llevará adelante con criterios de transparencia, eficiencia y protección de los derechos de los usuarios.
El decreto también instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad a colaborar en el proceso, que contempla una auditoría de inicio y de cierre y la eventual liquidación de la sociedad.
Si bien el Gobierno sostiene que la medida permitirá mejorar la conectividad y eficiencia, la decisión genera debate. Sectores opositores advierten que la privatización podría derivar en mayores costos para los usuarios y una menor supervisión estatal sobre la seguridad y calidad del servicio.
De esta manera, la administración libertaria continúa con un plan sistemático que tiene como único objetivo desmantelar el Estado argentino.
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