El gobierno provincial beneficiará a clubes de barrio con “tarifas cero” en servicios

El gobierno bonaerense puso en marcha el Censo Provincial de Infraestructura Social con el fin de conocer, relevar, procesar y registrar información de las asociaciones civiles de primer grado constituidas en el distrito, que de esa manera podrán acceder automáticamente a los beneficios de tarifa cero en los consumos de servicios públicos.

Además de los clubes de barrio, centro de jubilados y sociedades de fomento, el relevamiento abarcará a centros culturales, jardines comunitarios y organizaciones de comunidades migrantes.

Para inscribirse en el censo provincial, los interesados deberán ingresar al link www.gba.gob.ar/ddpj/censoasociacionesciviles con alguna de las siguientes claves: AFIP, Anses o Registro Nacional de las Personas.

El censo registrará también a los comedores comunitarios que funcionan en el ámbito de la Provincia, a fin de realizar un seguimiento y sistematización de la asistencia alimentaria, y la coordinación de políticas con base de datos ciertos y confiables.
De este modo se recogerá información sobre el efectivo funcionamiento de esas asociaciones, la situación dominial de sus inmuebles, los servicios con que cuentan y las actividades que desarrollan.

Esas actividades fueron dispuestas en la Ley provincial 15.192, promulgada a fines de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria y de la urgencia de las asociaciones civiles para acceder a las tarifas reducidas de servicios públicos. La ley declaró de “interés público provincial” a dichas asociaciones, a las que calificó de “intermediarias imprescindibles para el acceso a muchos derechos y la mitigación de necesidades” de sus integrantes.

Semanas atrás la Organización Nacional que nuclea a clubes de barrio de todo el país había presentado un escrito ante el Ente Nacional Regulador de Electricidad y las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica, solicitando “el cese inmediato de las intimaciones cortes del servicio”, y “establecer un cuadro tarifario legal, justo y razonable fundado en la Ley 27.098, estableciendo la tarifa social”.

Además, reclamaron la “refacturación a cero de todo el período que los clubes de barrio estuvieron cerrados por aplicación de los DNU que dispusieron el ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) y sus ampliaciones, el establecimiento de planes accesibles de pago por deudas y facturación 0 a partir de la entrada en vigencia del Decreto 241/2021 hasta que se autorice a la reapertura de las instituciones”.