El Gobierno reformula por DNU la estructura de la SIDE y le otorga facultades para aprehender personas

El decreto, firmado por Javier Milei y todo el gabinete, reorganiza el Sistema de Inteligencia Nacional, crea nuevos organismos, disuelve otros y amplía las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Desde el Ejecutivo aseguran que la medida “moderniza, ordena y legitima” el sistema, mientras que especialistas y sectores críticos advierten sobre riesgos institucionales y de control.

El Gobierno nacional publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica de manera integral la ley de inteligencia y redefine la estructura y las competencias de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La norma, firmada el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, mantiene a la SIDE como organismo rector del sistema de espionaje, pero le otorga nuevas facultades, entre ellas la posibilidad de brindar su propia seguridad y aprehender personas en casos de flagrancia o por requerimiento judicial.

Según fuentes del Poder Ejecutivo, la reforma busca “modernizar, ordenar y legitimar el Sistema de Inteligencia Nacional”, integrarlo de manera más efectiva al Estado, adaptarlo a “amenazas contemporáneas” y someterlo a mayores controles legales, presupuestarios y técnicos.

Actividades encubiertas y contrainteligencia

Uno de los cambios centrales es la incorporación de definiciones que hasta ahora no estaban explicitadas en la normativa vigente. El decreto caracteriza el trabajo de inteligencia como de naturaleza reservada y encubierta. “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, establece el nuevo artículo 2° bis.

Además, se precisa el alcance de la contrainteligencia, que incluirá acciones destinadas a evitar infiltraciones, espionaje, fugas de información clasificada, sabotajes, atentados contra el orden constitucional e injerencias externas que afecten el proceso decisorio de las autoridades y los intereses estratégicos del país.
Nueva estructura y más atribuciones

En términos organizativos, la SIDE continuará como organismo principal, pero con una reconfiguración de sus dependencias. La Agencia de Seguridad Nacional pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco específico en el ámbito digital; y la División de Asuntos Internos será sustituida por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).

La norma amplía las atribuciones de la SIDE y la coloca al frente de la planificación del esfuerzo estatal en materia de obtención y análisis de información estratégica. También le otorga la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y la faculta a vincularse con organismos nacionales y extranjeros. Entre otras funciones, podrá solicitar información a cualquier organismo del sector público, coordinar acciones con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intervenir en la lucha contra el terrorismo, realizar análisis geoespaciales y gestionar la criptografía del Estado.

Ciberseguridad y coordinación interinstitucional

Otro de los puntos destacados es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Su misión será planificar, ejecutar y supervisar políticas de ciberseguridad para proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información y los activos digitales estratégicos. Para su puesta en marcha se transferirán bienes, personal y patrimonio provenientes de áreas que anteriormente cumplían funciones similares.

El decreto también crea dos ámbitos de articulación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que reunirá a organismos de inteligencia, Fuerzas Armadas y de Seguridad bajo la conducción de la SIDE; y la Comunidad Informativa Nacional, integrada por ministerios y entes con capacidad de generar datos relevantes, como Migraciones, Aduanas y organismos del sector nuclear.

Aprehensiones y uso de la fuerza

Uno de los aspectos más sensibles de la reforma es la habilitación para que el personal de inteligencia pueda aprehender personas. El artículo 19 establece que, en el marco de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial, o ante delitos en flagrancia, los agentes podrán proceder a la aprehensión, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales o de seguridad competentes.
Asimismo, se autoriza a los organismos del sistema a proveer su propia seguridad y a repeler o hacer cesar agresiones contra sus instalaciones, bienes o personal. El Gobierno también aclaró que se habilita el pedido de apoyo técnico o logístico a las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, sin “confundir funciones”, con el objetivo de optimizar recursos.

Críticas y alertas

Desde sectores especializados y de la oposición surgieron cuestionamientos al alcance del DNU. Entre las principales críticas se señala que la medida podría transformar a la SIDE en una “fuerza parapolicial”, al permitir aprehensiones sin orden judicial previa en casos de flagrancia. También se advierte que declarar todas las actividades de inteligencia como encubiertas amplía excesivamente el margen de discrecionalidad.

Otros puntos objetados incluyen la posibilidad de disponer de personal militar y de fuerzas de seguridad sin precisiones sobre cantidad y temporalidad, la concentración del control presupuestario del sistema en la SIDE y la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), reemplazada por un área dependiente del Estado Mayor Conjunto, lo que reduciría la autonomía del Ministerio de Defensa.

Pese a las controversias, el Gobierno sostiene que la reforma no convierte a la inteligencia en una fuerza policial ni judicial, sino que clarifica funciones y fortalece la producción de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, con el objetivo declarado de mejorar la integración del sistema y reforzar la confianza ciudadana.