El Gobierno ya piensa cómo cumplir con el Financiamiento Universitario

Una de las noticias de la semana fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que confirmó una medida cautelar que exige a respetar la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión abrió la grieta dentro del Gobierno nacional, además de virar la estrategia en torno a los fondos para las casas de estudio.

Desde un comienzo, todo el oficialismo contemplo como negativa la ley por su costo fiscal. Sin embargo, el revés judicial obligó a tener otra mirada y actuar de una forma distinta.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no niega la chance de ahora cumplir la ley. En Casa Rosada aportan que Toto buscará la manera de enviar los fondos que dicta la normativa. “Habrá reasignación de partidas pero siempre cuidando el superávit fiscal, eso no se toca”, expresaron desde el Palacio de Hacienda.

No obstante, el fallo de CSJN abrió otra llaga en la interna libertaria. Es que hay varios que siguen mirando con recelo la estrategia judicial que diseñó el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques: el incumplimiento de la ley despertó a la sociedad con diferentes marchas multitudinarias.

Además, la decisión del máximo tribunal llegó luego de que semanas atrás el conflicto con las universidades se apaciguara al llegar a un acuerdo. Si bien la oferta del Gobierno nacional no igualó lo que corresponde por ley, se trató de un giro inesperado luego de dos años y medio de ajuste y confrontación. Incluso, logró desactivar una semana de paro que ya había anunciado, aunque tanto los trabajadores universitarios como los rectores ratificaron que continuarían con el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cabe recordar que la norma fue aprobada por el Congreso el año pasado, vetada por Javier Milei y ratificada por más de dos tercios de los votos en ambas cámaras. Tras más de 240 días sin aplicar la norma, el Gobierno apeló las distintas instancias judiciales hasta que la CSJN cortó la esperanza de la administración libertaria de ganar el conflicto en la vía judicial.

El último acuerdo

El 10 de junio el frente sindical universitario y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aceptaron la propuesta de aumento salarial y presupuestario que realizó el Ejecutivo nacional.

El acuerdo estableció una actualización del 21,33% sobre la garantía salarial. Además, contempló la reapertura de la negociación dentro de tres meses para continuar con el análisis la evolución de los ingresos del sector. A su vez, junto a la suba prevista para junio, la oferta paritaria incorporó un aumento adicional del 3% en octubre, que se aplicará sobre el salario básico de septiembre.

Estos incrementos salariales representan poco menos de la mitad de los que se deberían aplicar según la Ley de Financiamiento Universitario.

El entendimiento también incluyó un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento para el Presupuesto 2026, un aumento del 50% en las Becas Belgrano destinadas a estudiantes y una ampliación de 50 mil millones de pesos para los hospitales universitarios.