El juez sojero

El juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, dio lugar a un reclamo que inició la Sociedad Rural Argentina (SRA) en enero. Se trata de un recurso de amparo para declarar inconstitucional e ilegítimo el cobro del derecho a la exportación por parte del Estado. Una consigna que fue protagonista del “tractorazo” opositor realizado este sábado.

La SRA, junto a la Sociedad Rural de Jesús María, había expresado en esta presentación que “los derechos de exportación impactan de modo directo e inmediato en el valor de los productos agropecuarios debido a que, mientras la AFIP exija el pago de los derechos de exportación para emitir los permisos de embarque de cereal a los exportadores, esos tributos se verán reflejados en el precio del cereal que cobrarán los productores, quienes sufren económicamente el perjuicio”.

El recurso lo iniciaron en la Justicia de Córdoba y, justo antes de la protesta de este sábado, fue aceptada por el magistrado. De este modo, Bustos Fierro deja abierta la posibilidad de analizar el reclamo.

“Se librará oficio al Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional y a la Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de que en el plazo de 30 días realice informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada por la accionante. Asimismo intímase a la accionada a fin de que en el mismo término constituya domicilio electrónico. La confección para su suscripción digital y para su diligenciamiento se encuentra a cargo de la parte actora”, señaló el juez.

Los intereses del juez federal

En un informe presentado ayer por el periodista Tomás Méndez en Crónica, se dio a conocer que el hijo del magistrado, Manuel Bustos Fierro, registra actividades económicas dentro del rubro del cultivo de soja, trigo y maíz, dando cuenta de su interés económico en el marco de su resolución.

Por otro lado, no es la primera vez que el juez demuestra intereses a favor del empresariado.

Anteriormente había suspendido la aplicación del DNU 690/2020 que pretendía regular el servicio y las tarifas de las empresas de telecomunicaciones, que a su vez pretendían ser declarados por el Estado nacional como “servicios esenciales”.

En febrero de 1997, a pesar de dos fallos en Capital Federal que suspendieron el llamado “rebalanceo telefónico”, el magistrado había declarado constitucional la facultad que otorgaba a los operadores la posibilidad de aumentar las tarifas.

Sin embargo, esto no es lo único que compone su polémico prontuario. Bustos Fierro también tuvo fallos en contra de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Los comienzos en el Poder Judicial

Bustos Fierro egresó en la década de 1960 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue docente de la cátedra de Economía Política.

En 1990, Miguel Rodríguez Villafañe renunció como titular del Juzgado Federal de Córdoba y fue reemplazado por el fallecido Luis Roberto Rueda, hasta que fue enviado a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Fue allí donde intervino Bustos Fierro para adquirir un lugar dentro del Poder Judicial.

En diciembre de 1993 fue designado por el entonces presidente Carlos Saúl Menem como sucesor en el poder: en aquel momento no existía el Consejo de la Magistratura que instalaría la reforma constitucional del año 1994.