El secreto bancario quedó en el centro de la escena

Como parte de la ofensiva del Gobierno contra la evasión fiscal, en momentos en que se procura hacer frente a los vencimientos de la deuda contraída durante el macrismo y ahora renegociada, el Congreso Nacional se dispone a tratar un proyecto que hubo que posponer por la fuerte tensión que genera entre oficialismo y oposición: el que propone limitar el secreto bancario.

Se trata de modificar las excepciones previstas por la ley y agilizar el trámite para la averiguación de patrimonios y operaciones financieras, con vistas a constituir el “Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” que tomó Mauricio Macri durante su presidencia, y que se conformará a través de un “aporte especial de emergencia” sobre los activos no declarados ante el fisco.

El plenario de comisiones que se iba a realizar el miércoles pasado para debatir la iniciativa se levantó por falta de quórum, y el Frente de Todos insistirá en su tratamiento en los próximos días. La iniciativa complementa la presentada por el senador Oscar Parrilli, para constituir el aporte especial para el pago de la deuda.

Cuestión de tradición...

Cuando se piensa en el secreto bancario, un país viene automáticamente a la cabeza: Suiza. Esa nación europea es, en efecto, el epítome de la protección de la información sobre las cuentas bancarias, un tema que hoy está en el candelero debido a un proyecto oficial que busca facilitar la tarea de encontrar a quienes fugaron su dinero al exterior.

Pero este principio, que la tradición parece haber elevado a la categoría de indiscutible, se remonta a tiempos muy antiguos. Ya en 1408 fue establecido en los estatutos de la Casa di San Giorgio, en Génova, que todo el personal debía guardar secreto, bajo juramento, sobre toda su actividad y documentación. Esta tesitura se impuso en la banca moderna y la legislación argentina la recoge en la Ley de Entidades Financieras. Pero su justificación de base es discutida: hay juristas que consideran que es simplemente una extensión del secreto comercial o del secreto profesional, en tanto que otros piensan que forma parte de un principio más elevado, el derecho a la intimidad.

Sin embargo, en la actualidad, la necesidad de combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y otros delitos hizo que se reconsiderara la supuesta sacralidad del secreto bancario. “Las principales naciones del mundo crearon legislación en este sentido desde principios de este siglo para tener un mayor y mejor control de las operaciones comerciales o financieras”, explicó en un comunicado el bloque del Frente de Todos, que impulsa el proyecto.

En definitiva, se trata nada menos que de “establecer cuál es el límite entre la privacidad y el delito”, como lo señala Cecilia Lanús Ocampo, directora de la carrera de Abogacía de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA).

O cuestión de política...

Lo cierto es que el secreto bancario está lejos de constituir un derecho humano de la misma manera que lo son el derecho a la vida o a la identidad. Antes bien, como lo advierten los especialistas Jorge Bartels y Luz Mary Arias Alpízar, “el secreto bancario no tiene otro fundamento, si se desea buscar uno, que la voluntad de la instancia con poder político suficiente” para establecerlo como norma. Y por lo tanto, “si se debe mantener o no el secreto bancario en las legislaciones nacionales, es un asunto de conveniencia y no de fundamentos” jurídicos o metafísicos, explican los catedráticos.

En definitiva, argumentan, “no existe un fundamento metafísico ni puramente normativo del secreto bancario, sino que su existencia se debe a políticas económicas que fueron adoptadas en diferentes países por razones de conveniencia; es decir, el secreto bancario no es una norma pétrea que no puede ser derogada ni modificada, y por lo tanto su contenido es convencional e histórico, en el sentido que cada época y coyuntura lo entenderá y asumirá de diferente manera, e incluso se puede llegar a derogar totalmente, si así lo deciden los tomadores de decisiones públicas”.

En efecto, a veces se intenta elevar este principio asociándolo al derecho a la intimidad, pero los catedráticos citados señalan que estos argumentos “pierden solidez si se piensa que el registro de otras formas de propiedad son de conocimiento público, como en el caso de los bienes inmuebles y de algunos bienes muebles”. En realidad, las razones que sustentan el secreto bancario son “razones de conveniencia” que, según consideran, “deben ser valoradas en el nivel de la política”.

Y esto es justamente lo que se proponen hacer los legisladores argentinos: valorar las razones que justifican el mantenimiento del secreto y, a la vez, las que justificarían disminuirlo o relativizarlo. Lo que, cabe señalar, no sería inaudito en nuestro país, donde las sucesivas normas relativas a bancos y entidades crediticias fueron limitando el principio del secreto.

Un principio bajo sospecha

El principio del secreto bancario está en crisis a nivel mundial, en buena parte a causa de la ofensiva del gobierno de los Estados Unidos contra el narcotráfico y el lavado de dinero, un giro que comenzó en los años 90 pero que se hizo mucho más intenso tras el ataque a las Torres Gemelas perpetrado en 2001. Ni siquiera Suiza pudo mantenerse al margen. En 2009, la autoridad impositiva estadounidense, el Internal Revenue Service (IRS), logró torcerle el brazo al Union Bank Suisse (UBS), que administraba fondos de ciudadanos norteamericanos por unos 14.800 millones de dólares, presuntamente con el objetivo de evadir los impuestos del Tío Sam.

Motivos muy parecidos son los que en nuestro país vuelven importante discutir este tema.