El tarifazo del gas es una locura

Ni justos, ni razonables, ni justificados. Los aumentos convalidados por el Gobierno en el servicio de gas son lisa y llanamente una locura.

Tal como se anticipó en este diario, ayer el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicó en el Boletín Oficial los cuadros tarifarios con incrementos que superan el 35% promedio anticipado en un primer momento, para trepar hasta el 67% entre los hogares de menor consumo de la región, básicamente aquellos que utilizan el gas para cocinar y usar el agua caliente.

El tarifazo, que acumula el 218% en un año y el 1.000% desde que asumió Cambiemos, le permitió a empresarios como Alejandro Macfarlane, dueño de Camuzzi, obtener una mejora en sus ganancias de más de $824 millones.

De este lado, las historias se repiten tanto que parecen una sola: empresarios PyMes, panaderos, pizzeros, propietarios de restaurantes resisten cuanto pueden, se debaten entre trabajar a pérdida o trasladar los costos de la energía a los precios al público pero vendiendo menos. Cuando no pueden más, tiran la toalla y bajan la persiana.

Entre los usuarios residenciales, hay relatos como los de las abuelas de Ringuelet -la mamá de 106, la hija de 80-, intimadas por Camuzzi a pagar una deuda de $27.000 por el uso de una estufa, una cocina en mal estado y un termotanque (Ver página 7).

Historias con las que el Gobierno no se sensibiliza como sí lo hace con las empresas, a las que cree que hay que proteger de los costos que producen la inflación y la megadevaluación que él mismo generó. Y que por eso, desde enero próximo los maltratados usuarios deberán compensar una deuda de $10.000 millones entre las empresas y las distribuidoras con un cargo extra prorrateado en 24 cuotas con intereses.

Es decir, no solo pagará más el que menos consume, no solo se le quitará la bonificación por ahorro o se le retaceará la tarifa social al usuario cuyo poder adquisitivo se le estranguló en estos meses, sino que, además, se lo obligará a compensar una pérdida que no ha sido tal.

Un cóctel letal y una denuncia

Tal combo explosivo motivó ayer una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, a raíz del decreto 20/2018 que aplica el cargo extra sobre las tarifas. En su presentación, Marijuan advierte que se provoca un perjuicio en el patrimonio de los consumidores y solicita una cautelar, que deberá ser analizada por la jueza María Servini de Cubría. 

Después, en una conferencia de prensa que fue más técnica que explicativa o empática con la situación de los usuarios, Iguacel defendió el último aumento que, dijo, “debería haber sido del 200%”, y justificó la financiación en cuotas, el endeudamiento para contar con un servicio que es tan esencial como el aire que respiramos.

Un servicio prestado por una sola empresa, y que si no se paga, se corta. Sin importar si el que lo demanda es una PyMe o un abuelo.

Esa misma empresa, la que no invierte, la que siempre gana, la que no perdona al consumidor recurre a él como salvavidas de la devaluación. Y el Gobierno aprueba que así sea. Y a la Justicia, tan lenta, con su imagen tan manchada, no le queda otra que actuar. ¿Hacia que lado inclinará su balanza?   

$823 millones

Fue la mejora en las ganancias de Camuzzi en apenas un año

50%

Es el tarifazo promedio para un 70% de hogares de la región

1.000%

Es la suba acumulada desde que asumió Cambiemos

$1.200

En promedio pagaría el 70% de los usuarios con menor consumo

$100

El cargo extra que, en promedio, deberán afrontar los consumidores durante dos años

 

Un amparo colectivo para frenar el aumento extra

El Centro de estudios para la promoción de la igualdad y la solidaridad (Cepis) presentó ante la Justicia Federal de La Plata un amparo colectivo de alcance nacional para dejar sin validez el pago retroactivo a las distribuidoras de gas, que se suma a la denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.

El recurso del Cepis denuncia la “inconstitucionalidad y nulidad” del decreto 20/2018 que oficializa una transferencia de $10.000 millones a las distribuidoras para compensar la devaluación del peso.

En el amparo, la organización exige al Poder Judicial que ordene a la Secretaría de Energía que se abstenga de trasladar a los usuarios del servicio público de gas los costos derivados de la devaluación del peso durante el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2018, hasta que se decida si los aumentos son o no constitucionales.  “La diferencia que existe entre el precio de las tarifas para los usuarios establecido en audiencias públicas y el costo del gas previsto en los contratos no puede ser afrontado por los ciudadanos porque de ese modo estarían asumiendo riesgos y costos que no han sido generados por ellos.

Es el Poder Ejecutivo Nacional quien determina la política cambiaria del Estado”, expresa el texto, a la vez que detalla que el beneficio a las distribuidoras “va en contra de los artículos 1, 14, 16, 17, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”. Además, el aumento extra, en cuotas y con tasas de interés de la tarifa del gas “no cumple con el procedimiento de audiencia pública” exigido por ley.