Emergencia Administrativa: buscan su nulidad

Legisladores del peronismo bonaerense insistirán en la Cámara baja con su pedido de anular la ley votada por el oficialismo y el massismo la semana pasada. Consideran que su aprobación estuvo “llena de irregularidades”

La polémica aprobación de la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica por parte de la Legislatura bonaerense, le sigue trayendo fuertes dolores de cabeza al gobierno de María Eugenia Vidal, más que nada por la decisión de los distintos bloques del peronismo de insistir con la anulación de la iniciativa por los vicios ocurridos al momento de su votación.

El descontrol reinante en la Cámara baja al momento de llevarse adelante la sesión, que incluyó golpes, empujones, gritos e insultos, no hubiera un registro claro de los legisladores presentes al momento de emitir su voto, y al ser a libro cerrado, no se permitió el sufragio en forma particular, así como tampoco el recuento nominal de los mismos.

Esta situación, ha hecho que los diputados del FpV-PJ acudan con un pedido al presidente de la Cámara de Diputados, el massista Jorge Sarghini, para que sean revisados los videos y la versión taquigráfica de la sesión, para así poder convalidar si hubo o no el quórum necesario para alcanzar su aprobación.

Quien encabeza esta rebelión del peronismo contra una norma que cosecha las censuras unánimes del universo sindical estatal, es el legislador Walter Abarca, el más crítico contra el accionar de Cambiemos y el Frente Renovador de impedir el debate en el recinto, de no dejar hablar a la oposición y de no aceptar cambios a la normativa.

Oposición total

Desde el PJ acusan a la administración de Cambiemos de llevar adelante una “flexibilización laboral” que arrastrará a miles de empleados estatales a la larga lista de desocupados que se han acumulado en los últimos meses producto de las políticas económicas, al permitir la introducción de empresas privadas para realizar tareas en organismos públicos.

“La votación es nula y vamos a insistir ante las autoridades de la Cámara para que se revea su votación”, le dijo a Hoy un integrante del bloque peronista, a la vez que resaltó que la decisión “de la bancada es hacer transcurrir todo por los ámbitos legislativos, sin saltar a la Justicia como solían hacer ellos cuando fueron oposición y judicializaban todos los temas parlamentarios”.

Justamente el no acudir a los estrados judiciales para sostener la ilegalidad de la norma, es algo que se discutió en una reunión en donde se congregaron los máximos exponentes de los tres bloques en los que está dividido el peronismo hoy en la Cámara baja, y se llegó a un acuerdo básico para no implementar la misma clase de medidas que el oficialismo usaba cuando era oposición.

Los legisladores justicialistas entienden que la imposición del PRO de una ley sin ninguna discusión y apelando a armas ajenas al discurso del diálogo y el consenso que suelen enarbolar en público, le ha valido al oficialismo “perder el beneplácito necesario en la sociedad”, lo que lo llevará a pegarse una y otra vez contra el paredón de la opinión pública.

De esta manera, la controversia por una ley que la propia gobernadora Vidal ha caracterizado como “vital” para la supervivencia de su proyecto político, naufraga por los vicios producidos en su votación, y que ponen al gobierno de Cambiemos contra las cuerdas de la legalidad.

Puntos polémicos

Al proceder rayano en la ilegalidad con el que fue aprobado el proyecto de ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica, se le suman las críticas surgidas desde el peronismo y el arco sindical a una iniciativa que consideran “lejana a las necesidades de la población”.

A los vicios en su votación, los legisladores del peronismo encabezados por Walter Abarca, solicitan que se revea el tercer Título de la iniciativa, que comprenden de los artículos 22 al 28, porque a su entender son los que más perjudican al trabajador estatal y facilitan la entrada de empresas privadas a los organismos públicos.

Según los diputados, en este apartado se deja en claro la posibilidad de no extender unilateralmente los contratos dados por el Estado en sus diversas áreas, no creando ninguna relación de dependencia, lo que es criticado por ser una fiel copia de la “flexibilización laboral hecha en épocas de De la Rúa”.

También reprochan los cambios que se prevén en la ley 10.430 de Régimen para el Personal de la Administración Pública, pudiendo de esta manera legalizar un ajuste que vaya en detrimento de la planta permanente del Estado.