“Es el fin de 50 años de impunidad”

Raquel Camps, hija de Alber­to Camps, uno de los sobrevivientes en la Masacre de Trelew, describió como “un proceso histórico” el fallo alcanzado por la corte del distrito sur de Florida en Estados Unidos que condenó al exmarino Roberto Guillermo Bravo a pagar una indemnización de 27 millones de dólares a familiares de las víctimas, y remarcó que con dicho veredicto “se terminaron 50 años de impunidad” y se dio “un paso más” en el pedido de extradición.

“Fue histórico y un logro impresionante finalmente sentar en el banquillo a Bravo. La única lucha que se pierde es la que se abandona, y nosotros no bajamos los brazos. Tengo la esperanza de que la ­magnitud de este proceso sea un im­pulso grande para poder extraditarlo”, remarcó Raquel.

La sentencia se conoció el viernes 1° de julio, al cabo de un juicio civil en el que se analizó por primera vez la responsabilidad del exmilitar en la ejecución de 16 presos políticos perpetrada el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada.

La demanda civil había sido ­presentada en octubre de 2020 por familiares de cuatro víctimas: Eduardo Capello, Rubén Bonnet, Ana María Villarreal de Santucho y Alberto Camps.

Es así que un jurado encontró responsable a Bravo de ejecuciones sumarias y torturas y no creyó su historia de que la ejecución de prisioneros en la base naval de Trelew se basó en un acto defensa personal en el contexto de un intento de fuga.

“Fue muy fuerte declarar en una corte norteamericana explicando esta historia. Sentí que estaba siendo la voz de mi papá que habían callado hace 45 años”, remarcó Raquel.

La estrategia judicial de los familiares de la víctima se centró en dos puntos: tenían que evitar que se determinara la prescripción del crimen y demostrar por qué no iniciaron el juicio civil en el momento en que supieron dónde se había escondido Bravo desde 1973.

“La prescripción era un tema que nos podía perjudicar porque podíamos haber presentado la denuncia en 2008, pero en ese momento pedimos la extradición, que fue negada en 2010. Tuvimos que argumentar que teníamos poca información en un principio y el miedo que siente uno de enfrentar a un genocida que vivió toda su vida impune y amparado en Estados Unidos, donde se hizo millonario”, explicó Raquel.

El jurado debía llegar a una decisión de manera unánime, por lo que se esperaba que la deliberación se extendiera incluso más allá del viernes. Sin embargo, solo demoraron dos horas en acordar el histórico veredicto en el que se determinaron distintos montos y punitivos para cada familia.

“No hubo dudas, fue impresionante. A mitad de la semana el jurado estaba decidido, después de escuchar a Bravo explicar cómo masacraron a 16 personas en un pasillo chiquito. Era imposible refutar eso. Cuando estábamos sacando las banderas de los familiares de Trelew y empezamos a cantar, bajaron dos integrantes del jurado y nos saludaron. Les dijimos gracias ­porque hicieron historia junto con nosotros”, expresó Raquel.

En tanto, el pedido de la extradición de Bravo sigue en manos del juez Edwin Torres, quien no tiene plazos legales para expedirse.