“Este armado de causas sigue vigente en un gobierno peronista y eso da bronca”

"Debo ser la única persona condenada por asociación ilícita en el país cuando yo no le pedí plata a nadie, nadie me dio plata y no me condenaron por eso. Hubo dos personas que admitieron la culpa de algo que yo desconocía”, comenzó relatando a diario Hoy Mariano Bruera luego de que los jueces del Tribunal Oral Criminal II de La Plata lo condenaran a seis años de prisión por una causa en la que ni siquiera había estado involucrado en sus inicios y desnuda el lawfare vigente aún en nuestra ciudad.

Junto a Bruera, fue juzgado el exfuncionario municipal Enrique Sette, quien fue condenado a ocho años de prisión al sumársele la condena por “exacciones ilegales”, en tanto que Gustavo Petró, otro integrante del gabinete de Bruera, fue absuelto. También fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso el empresario Gustavo Orlandi, quien para los jueces pagó un soborno para lograr la rezonificación de lotes en la localidad de City Bell.

Recordemos que la causa se inició por la denuncia del ingeniero agrónomo y empresario platense Guillermo Andreau en el año 2014. Según aseguró, los entonces funcionarios del gobierno municipal le pidieron 220.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas Procrear.

De acuerdo con la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados “reserva urbana” y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas. Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado durante la gestión del exintendente Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante, y fue en ese marco que el empresario recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.

“El juicio inicia en 2014 y yo no formaba parte, en 2016, justo después de perder las elecciones, me meten en el juicio cuando no estaba ni imputado. La causa tiene un solo denunciante, que es Guillermo Andreau, quien en todas sus declaraciones dice que desconocía mi existencia, dice enterarse por los medios quién era yo... A lo largo de estos dos meses se demostró mi inocencia en todos lados, me adjudicaron únicamente un audio donde hablaba con una persona sobre temas que nada tenían que ver con el tema de las rezonificaciones, porque además yo no tenía una responsabilidad política, no hablé nunca con Sette, no pedí dinero, y por eso la indignación”, recalcó a este medio.

Cabe señalar que Bruera realizó una denuncia penal porque “quedó claro y demostrado que hay varios espías que seguían a mis hijos, a nosotros, nuestras cuentas bancarias, tienen fotos de mis chicos en el colegio”, que, tal como contaron en la televisión los propios agentes Araque y Matte, estaban bajo las órdenes del entonces ministro de Vidal, Alex Campbell, donde lo que buscaban era armar una precausa y dañar a la familia Bruera-Lugones.

En cuanto a la audiencia de ayer, que en realidad no fue tal porque “no hubo debate, no me leyeron la sentencia, no la sé, se la mandaron de manera interna a mi abogado, lo que sí quiero señalar es que, pese a que la fiscalía pidió que quedara detenido, el tribunal no le dio lugar a ese planteo porque siempre estuvimos a derecho y nos comportamos de manera ejemplar”.

“Fui al juicio con toda mi familia para que vieran lo que me hicieron, porque yo no tenía nada que ver con el hecho investigado, y encima se conoce claramente que hay una superestructura política que se dedica a ­perseguir gente. Vieron la oportunidad para pegarme y lo hicieron de manera muy ­grosera”, agregó Bruera, y aclaró que “el fallo no está firme porque se apela a Casación. Lo único que buscaron es dañar el apellido, encontraron una veta conmigo, y de hecho es la cuarta causa que me hacen y en tres salí sobreseído”.

“Estoy contento porque mi única alegría es que camino derecho por la vida, mañana voy a mi consultorio, después voy a ir a los barrios como siempre a dar una mano, no me tengo que andar escondiendo. Me siento triste por mi familia porque todo esto nos ha costado mucho, pero estoy más fuerte que nunca”, sentenció.

Por último, cuestionó el lawfare en la ­provincia de Buenos Aires: “Este armado de causas sigue vigente en un gobierno peronista y eso me da bronca. Areces sigue siendo el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Julio Conte Grand sigue siendo procurador en un gobierno peronista, o sea que el lawfare que Cristina Kirchner denuncia a nivel nacional está vivito y coleando en la Provincia, debería mirar para acá porque los responsables son parte de su espacio político”.