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La medida llega en medio de la disputa por el financiamiento universitario.
La crisis sanitaria por el lote 31202 de fentanilo contaminado con bacterias letales alcanza dimensiones históricas en Argentina. Con 97 víctimas fatales confirmadas y más de 90.000 ampollas sin localizar, la investigación avanza con lentitud bajo el juez Ernesto Kreplak, señalado por un posible conflicto de interés y sospechas de encubrimiento político.
14/08/2025 - 00:00hs
En abril de 2025, el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote de neumonías fulminantes en pacientes de terapia intensiva. El hallazgo de bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp. en ampollas de fentanilo llevó a identificar al lote 31202, producido en diciembre de 2024 por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Hasta hoy, 97 muertes han sido atribuidas a la administración de este opioide adulterado, y otras 20 historias clínicas siguen bajo análisis. Entre los fallecidos figuran Renato Nicolini, de 18 años, que ingresó tras un accidente en moto; Daniel Oviedo, de 44, paciente en diálisis; Celia Noemí Hernández, de 74, internada por un dolor en el pecho; Santiago Castillo, de 46, padre de un niño de 7; y Leonel Ayala, de 32, profesor de música.
Se distribuyeron 154.530 ampollas, pero solo 64.000 fueron recuperadas. Más de 42.000 ya habrían sido administradas y unas 90.000 permanecen sin ubicar. La Anmat emitió una alerta nacional y prohibió su uso, pero la magnitud del faltante plantea un riesgo residual y abre interrogantes sobre el control estatal.
El juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, lidera la causa. Con 24 imputados —entre ellos Ariel García Furfaro y directivos de ambos laboratorios—, no hay procesados ni detenidos. Abogados y familiares cuestionan la lentitud del magistrado y su vínculo familiar con un actor clave del sistema de salud provincial. El apartamiento fue solicitado hace más de un mes, sin resolución.
En la investigación, surgieron elementos que evocan el caso de la efedrina: operaciones de Prefectura revelaron el ingreso de cargamentos de fentanilo desde Paraguay, mientras se analizan desvíos hacia el narcotráfico. El nombre de Andrés Quinteros, exdiputado, aparece en las disputas internas de HLB Pharma. La hipótesis de un entramado político-empresarial para desviar opioides bajo cobertura legal tomó fuerza este miércoles, alimentando la sospecha de que se intenta blindar a ciertos responsables.
El Hospital Italiano, epicentro inicial del brote, fue aceptado como querellante y se presenta como víctima. Sin embargo, familiares denuncian que no cerró la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ni suspendió cirugías al detectar los primeros casos, prolongando la exposición de pacientes. También señalan que el ministro Nicolás Kreplak habría mantenido vínculos con la dirección de la clínica en plena crisis.
Las familias volverán a protestar frente al Italiano en el día de hoy, como ya lo hicieron el 31 de julio, exigiendo justicia y verdad. La tragedia del fentanilo contaminado no solo es un episodio sanitario, sino también un espejo de fallas estructurales del Estado. Con 97 muertos confirmados, iguala o supera el saldo de las peores catástrofes de la historia reciente en la República Argentina, pero con un agravante: se trata de un envenenamiento masivo ocurrido dentro del sistema hospitalario, donde los pacientes acudieron buscando salvar su vida. Casos como Once, Cromañón o el atentado a la AMIA provocaron procesos judiciales rápidos, condenas y reformas. Aquí, en cambio, la cifra de víctimas crece, las 90.000 ampollas faltantes siguen siendo una incógnita y el expediente permanece sin procesados, bajo la conducción de un juez con vínculos familiares en la órbita política de control sanitario. Este contraste brutal entre magnitud y respuesta judicial proyecta una sombra de impunidad que amenaza con convertir a esta tragedia en un símbolo de la connivencia entre poder, negocios y silencio institucional.