La Justicia le pidió a la AFI información sobre contrataciones en la gestión de Arribas

La fiscal federal Alejandra Mángano, que tiene delegada la investigación que por sorteo recayó ante el juzgado de Luis Rodríguez, solicitó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que remita “todos los expedientes y toda la documentación referida a los cuatro hechos denunciados”, según informaron fuentes con acceso a la investigación.

En la denuncia presentada el miércoles último, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, había solicitado que se investigara la responsabilidad de los extitulares del organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en presuntas irregularidades vinculadas a compras y contrataciones, que habrían implicado un perjuicio económico para el Estado de 3.088.944 pesos y 657.751 dólares.

Los hechos

Los cuatro sucesos denunciados se ejecutaron en el marco de la vigencia del decreto 656 dictado en mayo de 2016, que establece el carácter secreto del presupuesto de las erogaciones efectuadas por la AFI, y fueron detectados por la Unidad de Auditoría In­terna del organismo, que analiza las compras y compromisos económicos.

En el primer caso, se detectó que, a través del mecanismo de contratación directa, la AFI adquirió equipamiento tendiente a dotar de elementos técnicos a un laboratorio de informática forense cuyo uso no puso ser acreditado.

En la denuncia se detalló que por esos elementos la agencia pagó un total de 2.260.000 pesos y 64.505 dólares, y que el peritaje para el cual habrían sido adquiridos, “si es que realmente existió, lo podría haber efectuado cualquiera de las fuerzas de seguridad, en su función de auxiliar de la Justicia, tal como ocurre en la práctica”.

Otro de los hechos bajo análisis fue la organización del Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericanos, que se llevó a cabo en Bariloche, Río Negro, del 27 al 29 de septiembre de 2017.

Para ese evento se contrataron desde arreglos florales, pasajes aéreos y terrestres hasta una agencia privada, accesorios de librería y regalos protocolares, “eligiéndose ilegítimamente en la mayoría de los casos en forma directa a los proveedores por cada rubro, sin justificación alguna, y en ciertas ocasiones pagando dos veces el mismo servicio”, según detalla la información aportada a la Justicia.

La denuncia releva una erogación “directa y desproporcionada” de 157.563,93 dólares para la contratación de habitaciones, en su mayoría de “categoría superior”, en el hotel Llao Llao.

También pide que se investigue la contratación directa de una firma mexicana para la realización de un programa de entrenamiento en poligrafía para doce profesionales, que demandó 50.000 dólares. La particularidad de este hecho es que la solicitud que da inicio al compromiso fue emitida 18 días después de la orden de compra; es decir, primero se efectuó la adquisición y luego se confeccionó el acto administrativo.
El cuarto hecho denunciado fue la compra en 2016 de equipamiento aparentemente obsoleto para la red de comunicaciones de la AFI, para el cual se emitieron dos órdenes, una por 42.291 dólares y otra por 343.392 dólares.

La denuncia encuadró los hechos bajo análisis en los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles, en concurso ideal con el presunto delito de violación de los deberes de funcionario público.

En la causa se requirió que se cite a indagatoria al ex director general de la AFI Arribas, a la ex subdirectora general Majdalani y al expresidente Mauricio Macri, en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional.