La Justicia pide nuevos informes sobre los contratos entre el Gobierno y la OEI

La causa que investiga la contratación de personal en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, registró movimientos durante los últimos días que pueden hacer eco en la investigación. Luego de que el fiscal federal Ramiro González pida informes a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) decidió avanzar con la recolección de docu­mentación a una quincena de entidades públicas que también habrían llevado adelante ese tipo de convenios.

En el marco de la investigación que se abrió semanas atrás y ocasionó la salida de funcionarios claves de la cartera, la fiscalía que comanda Sergio Rodríguez pidió datos a distintas reparticiones. Además de elevar la solicitud al Ministerio de Capital Humano, donde se generaron las sospechas que denunció la propia subsecretaria legal de la cartera, Leila Gianni, también se solicitaron informes a: la jefatura de Gabinete, el consejo asesor de la Jefatura, el área de Obras Públicas, Cultura, el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la Anses, el Sedronar, la Agencia de Acceso a la Información Pública, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Según precisaron fuentes cercanas a la investigación, hasta el momento, la mayoría de las reparticiones ya enviaron gran parte de la documentación, por lo que comenzarán con los análisis de inmediato. Los documentos que se suman a la causa son los contratos firmados, los convenios que lo hicieron posible, el detalle del dinero que implicó esos acuerdos y cómo fueron justificados.

La PIA pone la lupa en la generación de los expedientes administrativos que hicieron posible todos estos acuerdos. Además, pretende conocer en qué sumarios y sanciones se impulsó el Ministerio de Capital Humano antes de denunciar esos convenios sospechosos justo cuando estalló el escándalo de los alimentos almacenados en los galpones y terminó echado el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre.

Cabe recordar que, de acuerdo a las declaraciones de Gianni, a fines de mayo, un funcionario de la Secretaría precisó que, en una reunión que tuvo lugar en enero, un grupo de otros funcionarios había decidido contratar personal a través de la OEI y que el dinero que se cobraba se pasaba a dólares y que parte era para De la Torre. A partir de allí, la sospecha era que había contrataciones falsas para cobrar ese dinero.

“Nos cuenta que había muchas personas que por temas impositivos no podían facturar. Entonces buscaron a otras que facturen en su nombre. Así, la OEI les transfería a esos consultores, previa certificación de servicios de funcionarios de la Secretaría de Niñez. Los consultores cobraban en pesos, lo sacaban de la cuenta y lo cambiaban a dólares a fin de reducir el volumen de billetes a entregar. Este dinero se lo entregaban a algunos funcionaros que cambiaban el dinero a dólares y luego lo distribuían, una parte se la entregaban a De La Torre”, dijo Gianni en su declaración.

Tras el sorteo de la denuncia que recayó en manos del juez Ariel Lijo, el fiscal González impulsó la causa.