La Justicia pone en jaque al Gobierno por fallas en la entrega de alimentos

Un informe oficial expone desorden, controles débiles y trazabilidad fallida en la entrega de alimentos bajo la gestión de Pettovello.

Política

16/12/2025 - 00:00hs

La gestión del Ministerio de Capital Humano quedó nuevamente bajo presión judicial tras un informe de la Pro­curaduría de Investigaciones Ad­­mi­nis­trativas que expuso fallas en la compra, almacenamiento y distribución de alimentos destinados a sectores vulnerables. El documento describe un funcionamiento marcado por informalidad y ausencia de controles en un área que debería operar con máxima precisión.

El reporte señala que no pudo reconstruirse la trazabilidad ni identificarse con certeza a los destinatarios finales. La Procuraduría advirtió que la información enviada por el Ministerio era incompleta, desordenada y sin respaldo suficiente, lo que impidió verificar si los alimentos llegaron a quienes los necesitaban. Para los investigadores, la falta de registros confiables compromete principios básicos de transparencia y administración responsable.

Falta de controles y documentación mínima

Entre las observaciones más relevantes, el informe menciona inconsistencias en los datos de stock, diferencias entre planillas oficiales y registros judiciales, remitos sin firmas de recepción y ausencia de documentación clave para seguir el recorrido de los productos. La Procuraduría remarcó que el propio Ministerio reconoció que no existen manuales ni procedimientos formales que regulen la distribución, un vacío que contradice estándares de legalidad en la gestión pública.

Para los investigadores, este nivel de desorganización impide evaluar si las compras realizadas, incluidas licitaciones canalizadas a través de organismos internacionales, cumplieron el objetivo para el cual fueron autorizadas.

Productos almacenados y riesgo de vencimiento

El documento detalla los alimentos bajo revisión. Entre ellos figuran unas 465 toneladas de leche en polvo almacenadas, muchas próximas a vencer, lo que derivó en una distribución de urgencia.

El juez federal Sebastián Casanello remitió el informe a la Sindicatura General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción para que evalúen posibles responsabilidades administrativas. La causa continúa en trámite y mantiene bajo la lupa el desempeño de la cartera que conduce Sandra Pettovello, cuya administración enfrenta cuestionamientos crecientes por la falta de controles en un área clave para la asistencia social.

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