Caputo toma más deuda con un bono a 4 años
En una clara mentira, el Gobierno lo vende como la vuelta a los mercados internacionales. Sin embargo, es una maniobra para llegar a pagar los vencimientos de enero.
El borrador difundido en los últimos días adelanta un proyecto que limita reclamos, reduce garantías y flexibiliza condiciones en nombre de la modernización.
06/12/2025 - 00:23hs
El Gobierno hizo circular el primer borrador de la reforma laboral y el texto ya se analiza en los despachos de la CGT y la UIA. Presentada como un avance hacia la modernización, la iniciativa reinstala restricciones que los gremios consideran un intento de disciplinar a la fuerza laboral y de reinstalar, por vía legislativa, gran parte del mega DNU 70/2023 frenado por la Justicia.
El proyecto limita reclamos por relaciones encubiertas, recorta derechos de repartidores, reduce el alcance del derecho a huelga, amplía la jornada laboral, modifica vacaciones y redefine el cálculo indemnizatorio. Además, impulsa un fondo de cese laboral que reemplaza la indemnización tradicional, trasladando costos y riesgos a los trabajadores.
Monotributistas y plataformas en la mira
Uno de los puntos más sensibles es la redefinición de la presunción de laboralidad. El borrador establece que los contratos de locación sean tratados como servicios independientes. Así, miles de monotributistas quedarían sin acceso a derechos básicos de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 13 incluso extiende esta exclusión a la seguridad social, profundizando la precarización.
El texto también deja fuera de la Ley a los trabajadores de plataformas, a quienes se les impone inscribirse en AFIP y cumplir normas de tránsito sin reconocerlos como empleados. Aunque se les permite rechazar pedidos o portar datos, quedan sin protección laboral ni representación formal. Para los gremios, se institucionaliza la informalidad en un sector en expansión estratégica.
Indemnizaciones recortadas y huelga condicionada
Por otra parte, el borrador cambia la base de cálculo de las indemnizaciones, fija un tope de tres salarios promedio del convenio y establece un piso del 67% de la remuneración habitual. También habilita a los convenios a reemplazar la indemnización por un fondo de cese financiado por empleadores. Para los sindicatos, se trata de un retroceso que abarata el despido y erosiona la estabilidad.
Asimismo, el derecho a huelga aparece igualmente condicionado. El texto incorpora sanciones por no negociar de buena fe y exige más información económica en los procedimientos de crisis, lo que abre la puerta a cuestionar medidas de fuerza y limitar la capacidad de presión gremial.
La iniciativa elimina además multas por falta de registración, reduce contribuciones patronales y modifica la Justicia Nacional del Trabajo para restringir la responsabilidad solidaria entre empresas. En conjunto, plantea un escenario de mayor flexibilidad para los empleadores y menor protección para los trabajadores.
El Gobierno sostiene que la reforma busca promover empleo formal y reducir los litigios. Los gremios, en cambio, alertan que bajo el discurso de modernización avanza un reordenamiento que precariza derechos y consolida un modelo pro mercado.
Aunque la discusión recién empieza, el rechazo de la CGT anticipa una confrontación intensa. El Congreso será el escenario donde se defina si el país avanza hacia la precarización laboral o preserva las conquistas que marcaron al trabajo argentino en las últimas décadas.