La verdad oculta de IOMA

Exfuncionarios de la gestión K y directivos actuales fueron denunciados en reiteradas ocasiones, pero las causas siguen en la nada. Las estafas rondan los $1.000 millones, mientras los pacientes mueren en la espera.

La actual crisis que afronta el Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA), con la falta de pago a los médicos no hace más que reflejar el desmanejo que viene sufriendo desde hace varios años. Como se denunció en innumerables ocasiones en las páginas de este diario, las sospechas por irregularidades derivaron en denuncias en la Justicia penal de La Plata, pero hasta el momento quedaron prácticamente en la nada. 

Las maniobras irregulares se habrían instrumentado durante la gestión del exgbernador, Daniel Scioli, que tuvo como titular de la obra social a Antonio La Scaleia, quien -además- quedó salpicado por los Panamá Papers. Varias de la veintena de las presentaciones judiciales fueron realizadas por el médico Idelmar Seillant y el contador Jorge Radaelli, quienes se desempeñan como presidente y secretario de Finanzas de la Asociación de Profesionales de IOMA respectivamente, y dos de los encargados de auditarlas. 

“Fondos provinciales que, tras ser blanqueados administrativamente, se desviaban a la caja del equipo de campaña del exgobernador. Paradójicamente, mientras esto ocurría no se pagaban en tiempo y forma las prestaciones a los laboratorios, como así tampoco las drogas oncológicas que necesitaban los afiliados del IOMA”, señalaron los auditores en una denuncia radicada a principios de 2016. Las maniobras habrían tenido como cómplices a una serie de empresas de internación domiciliaria, investigadas de haber cobrado sumas millonarias por servicios que nunca se prestaron, y que sirvieron como fuente de financiación política.

El escándalo de esa y otras causas radicó no solo en utilizar dinero que debía ser destinado a pacientes con cáncer y a otros que necesitaban prótesis, a quienes nunca les llegaban la medicación, sino que personas que aportaron en las campañas políticas K en la Provincia eran socios de las empresas. Algunas de esas sociedades que se dedicaban a internaciones domiciliarias son: Hestia SRL, Juntos en Casa SRL, Continuum SRL, Aphatec Buenos Aires, Biokinet, Kinetical y Solariega.

A fines de 2014, este medio reveló que el directorio de la obra social, que estaba integrado por funcionarios y representantes sindicales, le reintegró a Ofelia Wilhelm, madre de Cristina Fernández de Kirchner, –vía trámite de excepción- el 100% ($182.807, 86) de los gastos de una operación que se le practicó en la cadera, según los denunciantes, mientras millones de pacientes tenían que recurrir a interminables presentaciones de amparos. 

Nada cambió en la Provincia

Las denuncias de Seillant y Radaelli hicieron eco a principios de 2016 con la nueva gestión de María Eugenia Vidal. La mandataria designó, entonces, a Sergio Daniel Cassinotti, como presidente, y a Víctor Hugo López Monti como titular de Dirección General de Administración (DGA). 

Sin embargo, los escándalos no tardaron en salpicar a ambos, ya que los auditores los denunciaron por “mantener la cadena irregular de pagos y acciones favorables para empresarios, empresas y gerenciadoras, suprimiendo todos los controles y auditorías (contables, de gestiones y de terreno) del Estado provincial, para pasar a entregarle esta función de contralor a las auditorías de las empresas y gerenciadoras. Es decir, que auditan los trámites las mismas empresas que luego prestan los servicios. Esto es como poner el gato a cuidar la sardina”.

La gobernadora, lejos de poner a Casinotti y a Monti a disposición de la Justicia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” le dio vía libre a Mauricio Macri para designar, en marzo de 2017, a Casinotti como nuevo titular del PAMI. El fraude a IOMA implica a una red de funcionarios, empresarios y representantes gremiales por alrededor de 1.000 millones de pesos. 

¿Le conviene al Gobierno provincial que se investigue a fondo todas estas irregularidades? ¿Por qué, a más de cuatro años de que se denunciaran las estafas, aún no hay exfuncionarios sospechados detenidos y con sentencia firme? ¿Por qué los funcionarios actuales siguen mirando hacia otro lado? ¿Por qué ayer la gobernadora no mencionó la crisis en IOMA? ¿Por qué los damnificados siguen siendo los más débiles? La docente Gabriela Ciufarella murió de cáncer; no pudo sortear la burocracia ni la trama oculta de IOMA.