Récord histórico de cheques rechazados por falta de fondo
En noviembre, crecieron 190% interanual. En el año, acumulan más de 800 mil. Se trata de un fenómeno que delata la crisis productiva.
El Senado dio la sanción definitiva a la Ley de Inocencia Fiscal que establece un blanqueo permanente de recursos provenientes de la evasión y el lavado de activos.
28/12/2025 - 00:00hs
El gobierno de Javier Milei logró la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal. Con media sanción en Diputados, consiguió 43 votos a favor y 26 rechazos en el Senado. De esta manera, se dio luz verde a la evasión fiscal desde el propio Estado nacional a partir de una modificación estructural del régimen penal tributario.
El relato por el cual el oficialismo construyó su argumento para defender esta iniciativa se basa en “los dólares abajo del colchón”. El discurso fue que se necesitaba actualizar los mínimos imponibles a partir de los cuales el organismo fiscalizador podía recurrir a la Ley Penal Tributaria y, a su vez, para incentivar a los “ahorristas” con dólares en el colchón a sacarlos y volcarlos al circuito económico.
De esta manera, la ley aprobada por el Congreso modificó los conceptos de la evasión simple (de dos a seis años de prisión), que pasará de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, la agravada (de tres años y seis meses a nueve años de cárcel) saltará de $15.000.000 a $1.000.000.000.
Según un análisis que realizó el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), esta actualización podría suponer que una cantidad de contribuyentes que actualmente enfrentan denuncias penales quedará fuera del alcance del régimen de persecución penal, incluso cuando existan incumplimientos tributarios de importancia significativa.
“El proyecto introduce una reingeniería del Régimen Penal Tributario que no se limita a actualizar montos. También redefine el umbral de intervención penal y los criterios de activación del sistema. En conjunto, las modificaciones elevan de manera masiva las condiciones objetivas de punibilidad, amplían supuestos de no denuncia y crean vías específicas de extinción de la acción penal asociadas al pago, reconfigurando el balance entre persecución penal, determinación administrativa y regularización”, subrayó el informe.
Por otro lado, se habilita la dispensa de denuncia si existe una cancelación total previa de lo evadido y se fija un mecanismo de extinción de la acción penal posterior a la imputación mediante pago de deuda, intereses y un adicional del 50% dentro de un plazo acotado.
El problema de la evasión
La evasión fiscal es un problema estructural de la Argentina. Es el tercer país con mayor cantidad de personas beneficiarias de sociedades offshore en guaridas fiscales; además de ser el país que más blanqueos llevó adelante en el mundo: ocho en los últimos 50 años.
De acuerdo a un documento del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), en el caso del impuesto del valor agregado (IVA), las estimaciones disponibles indican que la evasión se ha mantenido por arriba del 50% durante los últimos años. “Algo similar ocurre con el impuesto a las ganancias, pues casi la mitad de la recaudación potencial se pierde debido a la evasión. Los datos muestran que la pérdida de recursos suma, en los dos impuestos mencionados, el equivalente a 8,3 puntos del PIB”, agregó el informe. La ausencia de mayores herramientas de control y fiscalización resulta una evasión garantizada por el propio Estado.