“Muchas resoluciones judiciales son fruto de la extorsión”

Experimentado en las lides judiciales, el abogado José Manuel Ubeira, que intervino en los dos juicios realizados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y en la “causa de los cuadernos”, a la que considera el epítome del lawfare en la Argentina, viene denunciando hace años que durante el gobierno de Mauricio Macri se montó una “Gestapo”, es decir, una organización dedicada a espiar y perseguir a figuras consideradas indeseables análoga a la policía secreta del régimen nazi.

Quizás por casualidad, quizás no, el entonces ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, utilizó ese mismo término en 2017 cuando expresó el deseo de contar con una “Gestapo para terminar con los gremios”. En diálogo con diario Hoy, Ubeira se refirió a las recientes revelaciones que demuestran que tanto el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires como la propia administración de Macri participaron de esa embestida ilegal contra sindicalistas, y a temas por los que el Poder Judicial está en el candelero, como la propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura o las tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema.

—Usted fue probablemente la primera persona en utilizar la palabra “Gestapo” para referirse a ciertas prácticas del gobierno de Mauricio Macri. ¿Se siente reivindicado ahora que estalló el escándalo de la “Gestapo antisindical”?

—La Gestapo no es otra cosa que la policía del Estado, macabra y paralela. Ocurre que en la época del Führer había un Estado autoritario y en la Argentina es más grave porque tenemos una democracia formal. Esa percepción que yo tuve es fruto de la experiencia de vida. Yo viví la etapa del Proceso y me doy cuenta cuando me encuentro a los monstruos. Así que no es una sorpresa. Por supuesto que me siento reivindicado y es menester hacerle un pequeño homenaje a Cristina Caamaño (la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI), que en silencio fue enhebrando estas situaciones. Porque demuestra la concurrencia de diferentes actores en una política de Estado. Hubo una política de Estado que fue pensada para poner a los ciudadanos como enemigos. Y muchas resoluciones judiciales son más fruto de la extorsión que del cariño. Pienso por ejemplo en el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que abonó el “cuentapropismo”. Quiero ser claro: no existe la posibilidad, en un Estado terrorista como fue el de Macri, de que haya “cuentapropismo”. Ninguna decisión en materia de inteligencia se toma sin conocimiento del presidente. Y si hay alguien que fue del riñón directo del presidente es el exsecretario de Inteligencia.

—Habló de “Estado terrorista” al referirse al gobierno de Macri. Es una afirmación fuerte. ¿A qué se refiere?

—Terrorismo no es solamente colocar una bomba. Es amedrentar, es doblarle la voluntad a un funcionario para que haga lo que no quiere hacer. Es colocar a dos ministros de la Corte por decreto. Tan terrorista fue ese gobierno que esta deuda impagable que tenemos por delante solamente pudo haber sido contraída cuando las fuerzas de la oposición estaban contra la pared. Una gran mayoría estaba en cana y otros estaban por ir. La causa de los cuadernos fue una estructura de amedrentamiento: “Los tenemos a todos, por las buenas o por las malas”.

—¿Qué opinión le merece el proyecto para modificar la composición del Consejo de la Magistratura?

—El Consejo de la Magistratura es uno de los órganos más nefastos de la Constitución del 94. Es un organismo elefantiásico, carísimo, para hacer la misma cagada que se hizo toda la vida, que es que si el candidato no es del palo, lo bajan de un hondazo. El problema no está en la selección de los candidatos. Está en que los que eligen son todos parte de la misma corporación. En los Estados Unidos no hay Consejo de la Magistratura. A los jueces de los Estados se los elige por el voto popular. La gente elige al sheriff, elige al fiscal y elige al juez. Y el cargo no es vitalicio, tienen que ser reelegidos y cuando llega el momento se hace un análisis de todo lo que hizo y en qué falló. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, que son designados por el presidente con acuerdo del Senado, como era acá antes, el análisis se remonta al jardín de infantes. Acá no hay nada de eso. Hay subrogancias por todos lados, no hay un juez que se haga cargo de su propio juzgado, porque en el Consejo no se ponen de acuerdo porque cada cual quiere colocar a su pollo. Hay que volver a la Constitución del 53 e implementar el voto popular.

—¿Y con la Corte Suprema qué haría?

—En realidad, lo que haría con esta Corte no se puede imprimir. Pero si vamos a lo institucional, mi propuesta para el Presidente es que la Corte se amplíe a treinta miembros. Uno por provincia, más los que ya están. Lo que garantiza es que los que fallen van a ser los ministros de la Corte y no los relatores, como es ahora, porque cuatro personas no pueden evacuar varios miles de sentencias por año. Si vamos a hablar de una Corte federal, tiene que haber representación de todas las provincias. Puede estar dividida en distintas salas por especialidad: una penal, una civil y demás, y después, en materia de constitucionalidad, votan todos juntos. ¿Qué oposición puede haber a esta idea? No va a haber ningún gobernador que no quiera tener representada a su provincia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.