Archivaron y desestimaron la denuncia contra el juez Masi

La causa penal contra el juez Juan Pablo Masi, por supuesto mal desempeño luego de haber sobreseído en una causa a Daniel Scioli, fue archivada y desestimada por la misma fiscal que en un principio había impulsado la investigación.

Cecilia Corfield había avanzado con la denuncia contra el magistrado por presuntas irregularidades en el sobresei­miento del exgobernador y Luis Peluso.

La historia

El 3 de septiembre de 2009, el juez de Garantías de La Plata Juan Pablo Masi aceptó su competencia para intervenir en el sumario que tenía como acusados al por entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli y al director del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Luis “Chiche” Peluso. Trece días después, luego de que el funcionario provincial presentara su descargo de una página y media, el magistrado sobreseyó a ambos.

Debido a la serie de irregularidades que se encontraron en la instrucción del mencionado expediente, la fiscal de La Plata Cecilia Corfield inició una investigación que terminó con la acusación de supuesto prevaricato contra el juez Masi. En 2019, dicha imputación fue sostenida ante el Jurado Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios por el procurador ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand.

Según la acusación del Ministerio Público, el juez Masi “se arrogó la competencia sobre dos expedientes en los que había intervenido su colega Marcela Garmendia, utilizando una argumentación completamente falsa. Logra­do ello, dictó, de manera apresurada, el sobreseimiento total de los denunciados, impidiendo la continuación de la pesquisa. Basta con dar lectura a la resolución del 3 de septiembre de 2009 y a la dictada el 16 de septiembre de ese año (esto es, tan solo 13 días después) para notar las falsedades y contradicciones en las que incurrió el magistrado para concretar sus espurias intenciones. Recordemos que el 3 de septiembre de 2009, contrariando la opinión del fiscal Jorge Paolini, quien sostenía que no correspondía su intervención, el acusado aceptó la competencia en un expediente”.

Pero, dos años después, el Jurado de Enjuiciamiento, por nueve votos contra uno, desestimó el proceso contra Masi, declaró la inadmisibilidad de la acusación y ordenó la clausura del sumario contra el magistrado. Esta decisión provocó que no fuera sometido a juicio, como ocurrió con el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Martín Ordoqui, que tiene el proceso en su contra en pleno desarrollo.

“No se advierte que el accionar del magistrado encuadre en el delito de prevaricato que se le reprocha. Las manifestaciones realizadas al respecto por la parte acusadora no son más que meras especulaciones que derivan del propio descontento con el trámite del proceso y el contenido de las decisiones tomadas”, sostuvieron los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento en el fallo.

En septiembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó que Masi se tomara una licencia por 90 días. Esta medida formó parte de un proceso que se inició cuando el máximo tribunal provincial dispuso que se realizaran auditorías en todos los juzgados de Garantías del Departamento Judicial La Plata.

Luego de la inspección en el Juzgado de Garantías n° 4, la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte presentó una denuncia ante la Fiscalía General de La Plata.

Este hecho fue investigado por la fiscal Cecilia Corfield, que concluyó que existían elementos para que la conducta del juez Masi fuera ­analizada por el organismo que juzga a los magistrados provinciales. A ­partir de este dictamen, la Procuración ­presentó la denuncia contra Masi ante el Jurado Permanente de ­Enjuiciamiento de Magistrados y ­Funcionarios.

Sin embargo, el 6 de diciembre pasado, el Jurado resolvió que “no existía mérito para declarar la admisibilidad de las acusaciones”.

A partir de esta resolución, se levantó la suspensión de Masi y se dispuso que el magistrado volviera a trabajar en el Juzgado de Garantías n° 4 de La Plata.

Ahora la misma fiscal Cecilia Corfield dice lo contrario de lo que había dicho hace cuatro años. Dictaminó que no hay elementos para acusar de algún delito penal a Masi y pidió su sobreseimiento. El juez Eduardo Silva Pelossi hizo lugar y archivó la causa contra su colega.

El análisis de la decisión de la fiscal 

El abogado Javier Percow explicó a diario Hoy las implicancias de esta decisión, que obedecen a lo que señala el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, ya que establece en su artículo 300 (“antejuicio”): “Cuando se formule la denuncia o querella privada contra un funcionario sujeto a juicio político o enjuiciamiento previo, el órgano competente la remitirá, con todos los antecedentes que recoja por una información sumaria, a la Cámara de Diputados, al Jurado de Enjuiciamiento o al organismo que corresponda. Aquel solo podrá ser sometido a proceso si fuere suspendido o destituido”.

“Los juicios tienen fueros, antes de hacer un juicio contra un legislador o un juez hay que hacer un desafuero o antejuicio, y el órgano remitirá todos los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento; antes de hacer un juicio penal a un juez hay que destituirlo, eso se hizo con Masi”, explicó el letrado.

En ese sentido, consignó que no resulta paradójico que la misma fiscal que inició la investigación tenga que desestimar la causa, ya que “la Cámara no lo considera delito como la fiscal, y eso te obliga a archivarla”.

“No fue una apreciación correspondida por la Cámara, no fue correspondida, en este caso el Tribunal de Enjuiciamiento que se conforma para analizar el caso no coincide con la evaluación que hace la fiscal, y aunque ella crea que hay delito, tiene que rechazar el planteo”, aclaró.

En cuanto a la posibilidad de que Masi realice algún tipo de acción judicial contra la fiscal Corfield, el abogado consideró que, “en el caso de particulares, los acusadores deben depositar una fianza, pero en este caso jamás estuvo en la mente de Masi pensar en eso, nunca fue una opción”.