El Gobierno nacional busca esclarecer el hecho, ocurrido hace siete meses en Bahía Blanca. Ofrece un millón de pesos por información certera. La bomba destruyó el Ateneo Néstor Kirchner y provocó daños en los inmuebles aledaños.
28/12/2021 - 00:00hs
El Gobierno nacional ofrece una recompensa de un millón de pesos por información que permita esclarecer el atentado contra un local de la agrupación política La Cámpora ubicado en la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, destruido por un artefacto explosivo el 25 de mayo último durante la madrugada.
A través de una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández, se ofrece esta suma a “aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan determinar a los autores responsables y/o esclarecer los hechos acaecidos el 25 de mayo de 2021, a partir de las 2:50 horas, cuando se produjo una explosión en el Ateneo Néstor Kirchner, ubicado en la intersección de las calles Beruti y Donado, de la ciudad de Bahía Blanca, constatándose daños tanto en el inmueble como en las construcciones vecinas”.
Ese día, a esa hora, una bomba explotó en la sede partidaria, a apenas cinco cuadras de la plaza principal de la ciudad, destruyéndola parcialmente. En la vereda, la Policía encontró volantes que llamaban a “una purga” y que mezclaba confusamente quejas por la situación económica con el repudio al aborto, la educación sexual y la subversión de “los valores naturales”. Por fortuna, como el ataque ocurrió durante la madrugada, no había personas dentro del local y no hubo que lamentar muertos ni heridos.
En esa sede tenían sus oficinas la senadora provincial Ayelén Durán y el entonces diputado Gabriel Godoy, ambos del Frente de Todos.
El hecho mereció el repudio de todo el arco político. Además del Frente de Todos y figuras de los gobiernos nacional y bonaerense, hicieron oír su rechazo representantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y de un colectivo de agrupaciones políticas y sociales que apuntaron a Patricia Bullrich, la líder del PRO, por generar “un clima que alimenta discursos de odio”. También repudió lo ocurrido el intendente bahiense, Héctor Gay (Juntos por el Cambio), quien inmediatamente calificó el hecho como “un atentado” y reclamó que fuera esclarecido lo antes posible.
Pero, a siete meses de la explosión, no se sabe quiénes fueron sus responsables. Por eso, el fiscal federal bahiense Santiago Ulpiano Martínez solicitó al Gobierno que ofreciera una recompensa, y el ministro Fernández adoptó la resolución correspondiente.
“Las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia de este ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134”, especifica la disposición de Seguridad.
El texto se preocupa de aclarar que se preservará la identidad de quien brinde los datos y que el pago de la recompensa establecida se realizará “previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada”.
De esta manera, el Gobierno busca reactivar la investigación del caso, a siete meses de la explosión y sin pistas firmes sobre los autores del atentado a la sede de La Cámpora.