Pronostican el colapso del sistema sanitario por el ajuste
Auguran que la gripe H3N2 llegará al país, donde las tasas de vacunación están en mínimos históricos y se desmantelaron programas claves.
El CELS y la UTEP reclaman que la Justicia habilite la feria para que Capital Humano cumpla con las medidas cautelares que garantizan la entrega de alimentos.
12/01/2026 - 00:00hs
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron un reclamo urgente para que la Justicia habilite la feria de enero y el Ministerio de Capital Humano cumpla con las medidas cautelares vigentes. La preocupación se basa en miles de familias que quedaron sin acceso a los alimentos que recibían en comedores comunitarios, mientras la burocracia judicial se paraliza por el receso.
Las organizaciones recordaron que en julio de 2024 y enero de 2025 ya se había habilitado la feria por motivos similares, al considerar que la demora implicaba un riesgo cierto de frustración de derechos.
Comedores en espera
El fallo de diciembre de 2025 había fijado plazos perentorios para incorporar espacios comunitarios de Santa Fe, Chaco, Catamarca y Jujuy, además de acreditar cómo se garantizaba el derecho alimentario en Córdoba y Buenos Aires. También se exigió saldar pagos pendientes del Plan Alimentar Comunidad. La lista de instituciones afectadas es extensa y refleja la magnitud de un problema que compromete a los espacios encargados de sostener la alimentación diaria de miles de personas.
Derecho básico en riesgo
El planteo de las organizaciones subraya que lo que está en juego es el derecho humano a la alimentación adecuada, cuya garantía debe ser inmediata. La paralización de programas como “Argentina contra el Hambre” y “Alimentar Comunidad” dejó a los comedores sin recursos para comprar alimentos o insumos básicos. La Justicia ya había reconocido la urgencia en ocasiones anteriores, y ahora se repite el escenario.
El reclamo expone una contradicción de fondo. Mientras el Gobierno nacional insiste en reducir la asistencia directa, miles de familias dependen de esos programas para acceder a un plato de comida. La falta de transparencia en la gestión de Capital Humano y la demora en cumplir con las órdenes judiciales profundizan la crisis.
El hambre no entra en receso judicial, y la respuesta de la administración libertaria parece más preocupada por sostener una narrativa política que por atender una emergencia social que golpea cada día más fuerte en todos los barrios.