Prorrogan la Ley de Emergencia en Seguridad

El gobierno bonaerense publicó en el Boletín Oficial la iniciativa, que fue sancionada en la Legislatura el pasado 15 de diciembre junto con la creación de la Policía Judicial

El gobierno provincial promulgó la prórroga por un año de la emergencia que rige en todo el territorio bonaerense en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria, que vencía el próximo 26 de enero. La iniciativa fue sancionada el pasado 15 de diciembre y publicada ayer en el Boletín Oficial. 

La normativa le da facultades especiales al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien podrá, entre otras cuestiones, agilizar procesos de compras y servicios con mecanismos de excepción. También se lo autoriza a convocar a personal policial que se encuentra en situación de retiro activo, es decir, aquellos efectivos que se retiraron después de haber prestado sus años de servicio.

La ley le permite a la cartera que comanda Ritondo “reasignar funciones y destinos a todo el personal de las policías de la Provincia y resolver la disponibilidad de los agentes o desafectar del servicio, pudiendo asimismo jubilar o pasar a retiro según el caso” y a “adoptar las medidas tendientes a priorizar la afectación de personal policial a funciones operativas”.

La prórroga, con la firma de la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gabinete, Federico Salvai, establece que “los ministerios de Seguridad y de Justicia deben dar cuenta de su actuación a los organismos de la Constitución que no hayan intervenido previamente, conforme a la legislación vigente”.

Policía judicial 

Además de sancionarse la prórroga de la emergencia en seguridad, también se promulgó la ley que le exige al Poder Legislativo crear la denominada Policía Judicial  con una norma “idónea, eficaz y de implementación programática”.

De este modo, los fiscales bonaerenses contarán con un “detective” para colaborar en la investigación de delitos y habrá una nueva agencia investigativa y técnico-científica dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte, que se encargará del análisis de los elementos de prueba a cargo de profesionales de distintas áreas. 

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