Rosatti apuntado por “negociar fallos”

En el marco de la investigación a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso, surgió una denuncia que nuevamente involucra a Horacio Rosatti.

Héctor Marchi, exadministrador general del máximo tribunal, declaró ante los diputados: “A efectos de no quedar como encubridor de nada, y en función del comportamiento de algunas personas dentro de la Corte Suprema, quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del Dr. Rosatti para la Cámara de Casación”.

Además, Marchi también había asegurado en la instancia realizada el pasado martes que fue desplazado de su cargo por haberse “negado a encubrir” a Silvio Robles y a Mariano Althabe, titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Robles es la mano derecha de Rosatti y fue uno de los protagonistas de los polémicos chats con el exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro.

Marchi enmarcó esta denuncia en la causa iniciada por las declaraciones de un exchofer de la municipalidad de Santa Fe que afirmó que todos los meses, durante cuatro años, transportó sobres con dinero desde la oficina del exintendente Martín Balbarrey y se los entregaba al actual presidente de la Corte Suprema, también ex jefe comunal de esa ciudad.

El citado a la Comisión de Juicio Político fue desplazado el mes pasado de la Secretaría General de Administración luego de 15 años en el cargo.

“Muchas veces preferí quedarme sin trabajo para no perder mi dignidad, pero sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir a Althabe y Robles”, continuó Marchi.

Y puntualizó que “Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Mariano Althabe, yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe, donde Rosatti lo proponía, pero yo me negué”.

“Rosatti, además de no cuidar los ingresos perdidos por el doctor Althabe, que no son ni más ni menos que para atender la salud de 100.000 afiliados, manejó de manera informal otros ingresos que corresponden a la obra social”, expresó en su declaración.

La comisión de la Cámara de Diputados continúa la investigación sobre la Corte Suprema, que ahora añade el fallo que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan (ver página 3). Además, aguarda el informe sobre la decisión que benefició a la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió por decreto al distrito ­porteño en 2016.