Sugieren “temporalidad de mandatos” para el procurador y el defensor general

El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público se pronunció casi por unanimidad en favor de la “temporalidad de los mandatos” del procurador y del defensor General de la Nación, así como también de que la designación por parte del Poder Ejecutivo sea “con acuerdo de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Senado”. Estas recomendaciones, que fueron volcadas en un documento de 1.000 páginas, no fueron elevadas formalmente al Poder Ejecutivo.

El comité de especialistas recomienda, casi por unanimidad, la modificación de la forma de designación del procurador y del defensor general de la Nación, que deberá ser por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de “la mayoría absoluta de los miembros del Senado”, y no por mayoría agravada, lo que demandaría “modificar el actual régimen legal”. Además, se plantea la temporalidad del mandato, con posibilidad de reelección.

“Los titulares del Ministerio Público son los únicos funcionarios con mandato vitalicio que dirigen un órgano unipersonal equiparado a un poder del Estado”, argumentaron los miembros de este cuerpo creado el 30 de julio último por el decreto 635 que lleva la firma del Presidente Alberto Fernández, y que comenzó a reunirse el 18 de agosto, para concluir su tarea el 18 de noviembre.

En los 90 días con los que contaron para debatir y escuchar diferentes voces vinculadas al Poder Judicial, los 11 notables que integraron este consejo se inclinaron mayormente por mandatos de “5 años”, por considerar este plazo temporal “suficiente para la implementación de una política institucional”.

El informe incluye también recomendaciones para el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los juicios por jurados y la transferencia de las competencias no federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de las expuestas para el Ministerio Público.

Para la Corte Suprema se plantea la posibilidad de crear un tribunal intermedio para descongestionar de causas al máximo tribunal, en tanto que para el Consejo de la Magistratura se recomienda su ampliación de 13 a 16 integrantes (4 representantes por cada estamento: jueces, abogados, académicos y organismos políticos).