Astra Evangelista SA deberá reincorporar a diez trabajadores despedidos hace un año

Durante la gestión de Vidal al frente de la Provincia, la intervención de la UOCRA, en complicidad con la empresa y con el Ministerio de Trabajo a cargo de Marcelo Villegas, decidió desconocer el acuerdo al que habían accedido los trabajadores cuando Juan Pablo Medina estaba al frente del organismo sindical e imponer un recorte salarial que los dejaba un 40% por debajo de aquel.

Tras la resolución del Tribunal de Trabajo 2 de La Plata, la empresa Astra Evangelista Sociedad Anónima (AESA) deberá reincorporar a diez trabajadores despedidos y abonarles los salarios que no percibieron durante el tiempo en el que permanecieron sin empleo.

De esta forma, queda sin efecto el acto de despido y deberá realizarse una reparación económica por la acción en perjuicio de los trabajadores, según consta en la resolución firmada por los jueces Carlos Mariano Núñez, Julio César Elorriaga y Juan Ignacio Orsini.

Al respecto, Gabriel Juárez, representante de los trabajadores despedidos de AESA, explicó a en exclusiva a diario Hoy que “esto se inició el año pasado con el conflicto en Astra en Puerta 4 en YPF, con el gobierno anterior y de la mano de la intervención que estaba en La Plata. Después que todos los despedidos fuimos denunciando en el Ministerio y en el Tribunal de Trabajo, el jueves resolvió el Tribunal de Trabajo 2 de La Plata que 10 compañeros sean reincorporados de manera inmediata a través de una medida cautelar, y la empresa deberá pagar desde el día que los echaron hasta el día de su reincorporación”.

Juárez remarcó que “el juez decidió su reincorporación inmediata y dijo con las pruebas que tengo no necesito ni juntar las partes, porque nosotros fuimos al Tribunal y también fuimos reincorporados a fines del año pasado”. Y agregó: “A nosotros nos reincorpora otro tribunal que nos reconoce como delegados de los compañeros. Y ahora el Tribunal 2 reconoce a este grupo de trabajadores, sobre los que el juez nos dijo que no necesitaba reunir a las partes para ver que debían ser reincorporados de forma inmediata y a los que la empresa debía pagarles el salario de todo este año que estuvieron despedidos”.

Elegidos por sus compañeros

El trabajador indicó que “no había representación laboral y nosotros hicimos legalmente todo lo que había que hacer para representarlos, y los compañeros nos eligieron votando a mano alzada y lo hizo constar un escribano. Lo que pasa es que nosotros no pertenecíamos a la intervención que estaba y que no quería regularizar la obra, entonces nos echan a todos y el Tribunal de Trabajo decide que no, que éramos delegados y que tenían que reincorporarnos”.

Persecución sindical

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Además señaló que su cese en las funciones fue por no ser parte de la intervención de la UOCRA; y por reconocer, en cambio, la labor que había realizado en su momento, en favor de los trabajadores, Juan Pablo Medina. Por ello, sufrieron una persecución sindical que terminó con los despidos masivos. “Nosotros tenemos una ideología y un pensamiento que no nos impide trabajar, y ellos nos quisieron eliminar a todos; y de 900 en la obra, llegaron a echar a 200 compañeros. Por eso, que un tribunal de trabajo resuelva su reincorporación después de un año, tras haber sido discriminados por la intervención, en complicidad con la empresa y con el Ministerio de Trabajo, marca que se hizo justicia y el tribunal ordenó la reincorporación”.

Precedente favorable

Juárez también recordó que “aún falta el fallo de otros 60 o 70 compañeros que están en otros tribunales, sobre los que el juez debe expedirse y sobre los que nuestro abogado Julio Núñez nos indicó que, si este tribunal resolvió a nuestro favor y deja un precedente, los otros jueces no podrán resolver muy distintos”.

¿Acuerdo? No… Imposición y complicidad

El representante sindical de los trabajadores de Astra Evangelista Sociedad Anónima puntualizó que la empresa desconoció un acuerdo al que había llegado la UOCRA en tiempos en los que Medina estaba al frente del organismo sindical. De esta forma, impuso un nuevo “acuerdo” -que no fue tal- en el que la remuneración por la misma labor pasaba a ser el 60% de la que habían recibido hasta ese momento. “Ellos lo impusieron, no lo propusieron. Entonces cuando hicimos el reclamo, lo hicimos en base al acuerdo que siempre tuvimos. Y cuando fuimos al Ministerio, en donde estaba Villegas, en complicidad con el gobierno de Macri, miraron para el costado. Y los jueces cuando resuelven, lo hacen teniendo en cuenta el acuerdo que siempre tuvimos en la región, que era el acuerdo del Pata”, sostuvo. “Ahora estamos esperando que se le notifique la resolución del juez a la empresa y que la empresa notifique a los compañeros”, agregó.

Tutela judicial del trabajo

Finalmente Juárez indicó que el juez les dijo: “Yo cuando vi en la denuncia que hacía un año que esto había pasado y todavía no tenían una respuesta, yo ni siquiera dudé en enfrentar a las partes, fue una medida cautelar directa de reincorporación”. Esto queda de manifiesto en la resolución, en la que el texto reza que “el peligro en la demora radica en la propia naturaleza alimentaria del salario, dado que los trabajadores ingresaron al vínculo laboral en búsqueda de su subsistencia”, por lo que tras su despido se les ocasiona “un perjuicio que requiere una tutela judicial preventiva ante la índole alimentaria de los derechos en juego”.

Solo para poner un ejemplo, Juarez remarcó que “con nuestro acuerdo un ayudante ganaba unos 70.000 pesos al mes, y con el que nos impusieron pasó a cobrar $45.000. Fue un golpe muy duro para todos los trabajadores que nos quitaran el acuerdo al que había llegado el Pata en 2012”.

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