Verdadero Estado de derecho

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, dispuso ayer una serie de excarcelaciones y prisiones domiciliarias entre los detenidos acusados de presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios y gremiales desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.

Las medidas fueron ordenadas luego de que la Cámara Federal de La Plata apartara al juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal. Esto desató una catarata de pedidos de excarcelación de parte de los detenidos a los que el magistrado había apresado en los últimos días.

En sus resoluciones, Auge ordenó las prisiones domiciliarias de la exfuncionaria Susana Martinengo, y los exagentes Diego Dalmau Pereyra, Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Sáez, entre otros.

Martinengo, que alegó ser paciente de riesgo ante un eventual contagio de Covid-19, había sido la última indagada en el caso antes del apartamiento del juez Villena. Negó los cargos en su contra y dijo que “nunca” recibió informes de inteligencia y que menos se los dio al secretario del expresidente Mauricio Macri, Darío Nieto.

En tanto, se dispuso la excarcelación de Guillermo Matta, Jonathan Nievas, Dominique Lasaigues y Javier Bustos. En estos cuatro casos, que aún no fueron indagados, el juez ya dispuso días y horarios para sus citaciones a declaración indagatoria, tras analizar la prueba y preparar las diligencias correspondientes.

Matta fue citado para el martes próximo a las 9. Nievas también fue citado ese mismo día, pero a las 11. Lasaigues, por su parte, a las 14. En tanto, Bustos deberá concurrir a indagatoria el próximo miércoles, a las 9.

Por su parte, el exjefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz continúa detenido, y Martín Terra sigue en rebeldía, ya que aún no fue localizado.

En total son 22 los acusados. Se les atribuye haber sido parte de “una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas fuerzas de seguridad y de Inteligencia”, que “se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales”, sostuvo el juez en la lectura de las acusaciones previas a las indagatorias.

También se la señala por su “acceso ilegítimo a base de datos, a la infiltración en distintos grupos y organización sociales y a provocar el inicio irregular de investigaciones judiciales, entre otras maniobras ilícitas, afectando la intimidad de las víctimas”, a las que se habría colocado “en situaciones de vulnerabilidad, como ser el desprestigio personal, la violencia moral y la coacción psicológica, entre otras”.