Vidal promulgó el régimen de declaraciones juradas de legisladores
Desde ayer, legisladores bonaerenses y candidatos deberán presentar sus declaraciones juradas, al igual que ya lo hacen los funcionarios del Poder Ejecutivo y organismos descentralizados
La iniciativa fue aprobada el 16 de diciembre y regula el sistema de las declaraciones y lo extiende a diputados, senadores y también a los candidatos oficializados a cargos públicos electivos en territorio bonaerense. De este modo, la gobernadora María Eugenia Vidal continúa con las iniciativas para aplicar transparencia en la Legislatura provincial.
A partir de esto, cada municipio podrá adherir a la norma para incluir a los jefes comunales y a los concejales de cada localidad. Del mismo modo podrán hacerlo los miembros de los cuerpos colegiados de conducción y control de Asociaciones Gremiales de Trabajadores, de Empresarios, de Profesionales, comunitarias, sociales y a todo organismo cuyo objetivo sea administrar derechos e intereses colectivos.
La normativa alcanza al defensor del pueblo, Guido Lorenzino, al secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento y a los integrantes jerárquicos del Banco Provincia, al igual que al personal del Servicio Penitenciario provincial con altos cargos.
Todo aquel que no cumpla con lo establecido ayer en el Boletín Oficial provincial estará incurriendo en una falta a los deberes inherentes a su cargo y podría ser penado.
El proyecto original fue tratado durante las sesiones extraordinarias en diciembre del año pasado y fue aceptado por todos los bloques. La normativa establece que la Declaración Jurada patrimonial deberá contener la totalidad de los datos personales, patrimoniales y de ingresos y egresos del sujeto obligado, cónyuge o conviviente, hijos menores no emancipados y de las personas a su cargo. Asimismo, los funcionarios y agentes alcanzados incluirán sus antecedentes laborales y profesionales de los últimos dos años, sean o no remunerados. Al momento de sancionarse la ley, el presidente del bloque de Cambiemos en diputados, Maximilano Abad, había considerado que se trataba de “una demanda social que permitirá mejorar la calidad democrática e institucional. Es un paso adelante en la transparencia y en el acceso a la información”.
;void(0);){kind=link}