Aparecen los audios que involucran a una abogada en el armado de una causa por violencia de género

¿Qué intereses persiguieron los funcionarios que invisibilizaron las pruebas del marido?

De acuerdo a las constancias de la causa judicial, a la que este multimedio tuvo acceso junto a un equipo de investigación especializado en violencia, en el marco del caso que investiga la conducta de la abogada del fuero penal Brenda Ponce, esta denunció y excluyó a su marido del domicilio conyugal con el relato inverosímil de haber padecido durante sus 25 años de matrimonio feroces golpizas en el interior de su domicilio, sin testigos presenciales. Lo que es más inconcebible es que sus hijos de 17 y 20 años que convivían con el matrimonio no se enteraran, ni tampoco la doméstica, que trabajó allí por seis años, y mucho menos la novia del hijo mayor, que frecuentaba la casa donde supuestamente ocurrían los hechos denunciados.

Lo real es que la doctora Ponce, con ese falso argumento y mostrando moretones en sus manos, excluyó a su marido del hogar para denunciarlo penalmente por lesiones leves. Posteriormente, a los tres días de ese hecho, inició un divorcio unilateral que ya tenía preparado de antemano con una propuesta de acuerdo económico favorable a sus intereses. Gracias a la velocidad de un juzgado de familia que le resultó funcional, logró tramitarlo con todos los bienes del matrimonio en su poder y con pleno goce de los beneficios económicos de los bienes conyugales.

Las grabaciones

Como ya se ha informado en este multimedio, luego de operada la exclusión del padre, los hijos del matrimonio, indignados con su madre, la grabaron en una discusión donde la abogada reconoce el real motivo de la exclusión, el móvil económico y el apoderamiento de los ahorros familiares en dólares. Allí se escucha claramente a Brenda Ponce cómo trata de convencer a sus hijos para que mientan y no digan nada de los dólares sustraídos. Dichos audios fueron acompañados como prueba en el fuero de familia y fueron escuchados personalmente por el fiscal en las audiencias, sin que hasta ahora se haya adoptado ningún temperamento al respecto, a pesar de tener el deber de investigar ante el conocimiento de un hecho delictivo.

También puede oírse claramente cómo los chicos le recriminan a la madre dicho apoderamiento de los dólares y por qué había planificado la exclusión para quedarse con todos los bienes del matrimonio. Está probado en la causa de familia y en la causa penal que, posteriormente y al mes de la exclusión del padre, Brenda Ponce ingresó a convivir en el domicilio conyugal a un “amigo” mintiendo sobre su verdadera identidad a los hijos, un total desconocido para la familia llamado Santiago Borassi, que luego de un tiempo de convivencia desapareció misteriosamente del que fue el hogar conyugal. Los hijos, irritados, le recriminaron esa actitud, lo que motivó nuevos hechos de violencia de parte de Ponce contra el hijo mayor del matrimonio que fueron presenciados por su novia, y denunciados por estos ante el mismo juzgado de familia que ignoró las pruebas del marido, sin ninguna consecuencia para la denunciada, ya que para la Justicia hasta ahora el único que puede ser violento es el hombre.

Los testigos que no son testigos

Aunque en principio la abogada denunció que no existen testigos ni del hecho de lesiones leves denunciado para operar la exclusión ni de las supuestas golpizas que dijo padecer durante más de dos décadas de matrimonio, para que pueda avanzar su denuncia “aparecen los testigos de oídas”. En primer término, la abogada fue a buscar a una empleada que trabajó circunstancialmente hace más de una década en el domicilio y esta relató una supuesta discusión familiar en una cena de fin de año. Luego declaró su cuñada, que no tenía trato con la familia desde hacía más de 15 años, a cuyo hermano Brenda Ponce había denunciado penalmente junto a su madre por estafa, en el marco de una sucesión contradictoria. De hecho, el hijo mayor declaró ante el fiscal que antes del divorcio prácticamente no la conocía, no tenía registro de ella.

Lo cierto es que Ponce se encargó de contactar y llevar a declarar a sus amigas que nunca vieron ningún tipo de agresión física por parte del marido, y mucho menos las golpizas que dijo padecer sin que sus propios hijos que convivían con el matrimonio se enteraran.

Denunciarían a la psicóloga Silvia Nieto

No obstante, se sabe que en el armado de la causa contra su marido la abogada no actuó en soledad, sino que contó con la complicidad de la psicóloga Silvia Nieto, que originariamente fue contratada por el matrimonio en 2016 por intermedio de IOMA y realizó exclusivamente una “terapia de pareja”. No obstante ello, terminó vinculada en una relación de amistad con Ponce y enemistada manifiestamente con el marido, que la denunció al Colegio de Psicólogos por falta de decoro, ética y profesionalismo. Lo cierto es que Silvia Nieto habría declarado como supuesta testigo en clara violación al secreto profesional, ya que fue psicóloga del matrimonio y no puede develar sin consentimiento de los dos miembros de la misma lo ocurrido o comunicado en las “sesiones de pareja”.

No obstante, al ser amiga actualmente de Ponce, declaró a su favor, pero lo relatado no se condice con la realidad de los hechos probados, ni con la declaración de los hijos, la doméstica y los que concurrían presencialmente al domicilio conyugal.

De la perspectiva de género al prejuicio sexista

Hasta ahora la Psicología no ha avanzado tanto como para materializar “hechos inexistentes” y propinar feroces golpizas durante toda una relación matrimonial es una cuestión de hecho. No obstante ello, así como lo demostró el terrible caso del niño asesinado Lucio Dupuy, las mujeres también pueden mentir y ser violentas. Por ello en la Justicia no debería haber una sola perspectiva de género.

Como lo sostiene la filósofa Roxana Kreimer, intelectual argentina autora del libro El patriarcado no existe más, cada vez son más las que advierten acerca del riesgo de un prejuicio sexista contra los varones en la Justicia y en general. En el mismo sentido opinó la intelectual que “no es verosímil que todos los abogados y psicólogos contratados por quien hizo una falsa denuncia ignoren la verdad. Deberían responder solidariamente por el daño a los hijos y al progenitor inocente”.

Recientemente, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en la causa “Burgos Pereyra” del 8/11/21, descalificó por arbitraria una sentencia que, si bien dedicó más de 11 páginas al desarrollo del teórico perspectiva de género, lo realizó en términos genéricos sin vinculación al caso concreto y sin dar cuenta del impacto real de su incorporación al supuesto de autos.

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