Nueve policías detenidos tras la muerte de un hombre en el interior de una comisaría en San Clemente

Nueve policías de la provincia de Buenos Aires fueron detenidos hoy acusados de asfixiar y matar a golpes en una comisaría de la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú a un hombre al que habían aprehendido por provocar disturbios en un hotel de la zona, informaron fuentes judiciales.

Todo comenzó el jueves a la madrugada cuando la víctima, identificada por la Justicia como Alejandro Martínez, fue aprehendida por provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau de dicha localidad del partido de La Costa, ubicado en Calle 3 y avenida Costanera.

A poco de arribar a la Comisaría 3° de San Clemente del Tuyu, Martínez falleció. A raíz de la muerte, dieron aviso al fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 descentralizada de La Costa.

Gamaleri se presentó en la seccional y dispuso el traslado del cadáver a la morgue judicial de Lomas de Zamora por la mañana, donde horas después el informe preliminar de autopsia reveló que el hombre había fallecido como consecuencia de una "asfixia por sofocación" y que además sufrió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo.

En tanto, del relevamiento de testigos los investigadores obtuvieron el testimonio de otro hombre detenido en la comisaría, quien refirió que la víctima había llegado a la seccional, un poco exaltada, y que en esas circunstancias los policías comenzaron a apretarlo contra el piso, informaron fuentes judiciales.

A raíz de las pruebas recolectadas, el fiscal Gamaleri dispuso la aprehensión de nueve policías bonaerenses con distintos grados de participación en el crimen de Martínez y once allanamientos, entre ellos de sus respectivos domicilios, que se concretaron hoy. Fuentes judiciales informaron que tres de los policías deberán responder como autores materiales del homicidio, mientras que los restantes en calidad de encubridores.

Desde la secretaría de Derechos Humanos, informaron que "al tratarse de una muerte en contexto de encierro que podría ser causada por actos u omisiones de agentes del Estado en violación a la obligación de respetar el derecho a la vida, se solicitó ante la Fiscalía el pleno cumplimiento de la normativa referida a la violencia institucional, y se ajuste la actuación fiscal a los principios que garanticen el estándar máximo en materia de Derechos Humanos".